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Ocurridas en nueve departamentos del país a finales de 2022 e inicios de 2023, ello en el marco de la investigación que se realiza en torno a estos sucesos.
La decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín.
“Poder Judicial ordena a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior cumpla con entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas ocurridas en nueve departamentos en los años 2022 y 2023”, precisa dicho poder del Estado a través de X.
El colegiado supremo declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de estas tres entidades en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el exjefe del Gabinete Alberto Otárola y otros.
El fallo precisa que “la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido”, y agrega que se estaría ante los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Además, en su resolución, la sala suprema precisa que el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos, para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública.
En enero de 2023, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola, entonces presidente del Consejo de Ministros, por las muertes en protestas sociales ocurridas en diferentes regiones.
“La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó entonces el Ministerio Público.
