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El Congreso de la República aprobó esta semana acusar constitucionalmente a la expresidenta del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, así como a los exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huerta y Roberto Sánchez, respectivamente, por los delitos de rebelión y conspiración, a raíz del intento por parte del expresidente Pedro Castillo de disolver inconstitucionalmente el Parlamento el 7 de diciembre.
En estas líneas explico lo que le espera al ex presidente Castillo y sus socios en una aventura política que terminó como uno de los actos políticos más extraños de nuestra historia.
Esta acción, consecuencia de un arranque pasional ideológico, poco inteligente, suma tres cabezas, además de la de Castillo y la de Aníbal Torres, a desfilar por el cadalso del Ministerio Público, que, según el resultado del proceso, las pondrá en bandeja de plata ante el Poder Judicial, para recibir el debido proceso.
Como se sabe Chávez, Sánchez y Huerta han negado ante el Congreso su participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
Sin embargo, un video de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, difundido el 5 de marzo por el programa “Panorama” de Panamericana Televisión, muestra imágenes de Betssy Chávez acompañando a Pedro Castillo durante la lectura del mensaje a la Nación donde anuncia la disolución del Congreso.
Acusación constitucional
La acusación constitucional permite llevar a cabo dos procesos en el Parlamento: el juicio político, que busca inhabilitar al funcionario o exfuncionarios públicos, y el antejuicio, que es una autorización del Congreso que posibilita, a través de los votos, ponerlo a disposición de la Justicia.
La acusación se basa en una denuncia constitucional presentada el 12 de diciembre ante el Congreso por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. En la denuncia presentada por la fiscal fue incluida Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; y Roberto Sánchez, exministro de Comercio y Turismo.
El Ministerio Público investiga la probable responsabilidad de los exfuncionarios en el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso por parte de Castillo.
Días antes de presentar esta denuncia constitucional ante el Congreso, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El expresidente cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por estos esos supuestos delitos y, en paralelo, 36 meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción cometidos durante su Gobierno.
Después de lo sucedido en el Congreso de la República este caso pasará a una etapa en la que la Fiscalía de la Nación deberá evaluar si pide prisión preventiva para los investigados o si opta por medidas menos graves para asegurar que se sometan a la investigación.
Pedro Castillo, Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, como altos funcionarios, tenían la protección del antejuicio, que impide que la fiscalía los pueda investigar más allá de la fase preliminar sin que el Congreso lo autorice. Por ello, era necesario que se aprueben las denuncias contra ellos para que el caso pueda avanzar. En el caso de Aníbal Torres, como solo era asesor de la PCM cuando ocurrieron los hechos, ya no tenía antejuicio y no era necesario pasar por el Congreso.
En el caso del expresidente, por haber sido detenido en flagrancia luego del golpe de Estado cuando se dirigía a la embajada de México, su antejuicio se levantó en diciembre y la fiscalía pudo luego pedirle prisión preventiva. Pero para los exministros mencionados, la denuncia constitucional tuvo que pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y por el pleno, proceso que tomó más de tres meses.
Con ello, el desarrollo del caso pasa a depender nuevamente del Ministerio Público. En un plazo de cinco días, la Fiscalía de la Nación deberá formalizar la investigación preparatoria a los tres exministros por los delitos autorizados por el Congreso. Esto se remite luego al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checkely, para su aprobación.
Allí, la fiscalía deberá comenzar a evaluar qué medidas se pedirán para asegurar que cada uno de los investigados se someta al proceso: una comparecencia simple o sin restricciones, una comparecencia con restricciones -que puede incluir el impedimento de salida del país- o una prisión preventiva, la más grave de todas.
En otro plazo de cinco días, el juez deberá aprobar la formalización y devolverle la investigación a la fiscalía. Se prevé que luego de que esto ocurra, la carpeta fiscal donde se investiga a los exministros se acumulará con la de Pedro Castillo y Aníbal Torres, que desde diciembre ya está en fase de investigación preparatoria.
Fue como parte de esta investigación penal, que dirige el fiscal supremo provisional Uriel Terán, que se pidió la primera prisión preventiva de Pedro Castillo en diciembre pasado; y que este jueves se allanó la casa de Aníbal Torres, quien es investigado bajo comparecencia con restricciones.
Con la formalización aprobada, la fiscalía podría formular allí su requerimiento de prisión preventiva, en caso opte por esa medida. También se podrían pedir otras medidas de investigación, como el levantamiento del secreto de comunicaciones o el secreto bancario de los involucrados, siempre que sus necesidades se justifiquen para que el Poder Judicial las apruebe.
Este acto marcaría el inicio de un proceso judicial que llevaría unidos del brazo, en cadeneta, a los cinco inculpados de la autoría de uno de los golpes de estados más ridículos de nuestra historia. El Perú nunca dejará de sorprendernos. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
