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Magistrado aboga por reforma judicial con participación de todos los sectores
Marco Falconí, miembro recién incorporado de la Junta Nacional de Justicia.
El nuevo integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Marco Falconí, consideró necesario reformar el sistema de administración de justicia, pero a través de un proceso en el que participen todos los sectores de la sociedad, y negó que existan intereses políticos detrás de su incorporación a este organismo.
“Necesitamos el apoyo de todos sin excepción”, manifestó el también excongresista, en entrevista con Radio Nacional. Consideró que los cambios en la administración de justicia son necesarios “a raíz de los hechos que se vienen presentando”.
Consideró, en tal sentido, que si solo el Congreso emprende la reforma del sistema de justicia no puede prescindir de la participación del Poder Judicial o del Ministerio Público.
“Todos tenemos que participar; también los colegios profesionales, la ciudadanía y la prensa, fiscalizando”, apuntó Falconí.
Parte de esos cambios es el “terminar con la provisionalidad en el Poder Judicial y en el Ministerio Público”. Esto pasa, dijo, “por contar con el apoyo del Gobierno Nacional, a efectos de que pueda aportar los recursos necesarios”.
“Es una obligación del Gobierno Central dar los recursos necesarios, porque los provisionales ganan menos que los titulares”, refirió. Dicha situación es frecuentemente aprovechada por “malos funcionarios”, indicó Falconí.
De igual manera afirmó que en el sistema de justicia “se necesitan jueces y fiscales que estén más comprometidos con su función”.
Intereses y antecedentes
Por otro lado, Falconí descartó que su inclusión en la JNJ por parte del Tribunal Constitucional responda a intereses referidos a la ratificación de los titulares de la ONPE y el Reniec.
“Siempre en estos procesos tiene que haber transparencia, para que no vaya a pasar lo que me pasó a mi”, indicó, aludiendo a su designación, hecha efectiva recién cuatro años después y con un juicio de por medio.
Precisó, asimismo, que cuando el exministro de Transportes del gobierno de Pedro Castillo, Juan Silva, lo designó jefe del gabinete de asesores de su sector renunció en el acto, debido a las denuncias sobre irregularidades en Provías que empezaban a aparecer.
“Estuve en el ministerio dos o tres horas y presenté mi renuncia irrevocable”, manifestó.
Indicó que se le trató de involucrar sin éxito con el juez César Hinostroza, a raíz de llamadas telefónicas que –dijo– se referían a la presentación de un libro. Dicha vinculación, al igual que las acusaciones que se le hicieron por supuestos plagios en su tesis universitaria, ha sido desestimada, añadió.
