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El cruce político coincide con cierres por la Vía Expresa Norte y reclamos de comerciantes en el Centro Histórico.
Antecedentes y contexto
El intercambio reaviva tensiones entre Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP), visibles desde la campaña presidencial de 2021 cuando López Aliaga cuestionó públicamente a Keiko Fujimori por su supuesta cercanía con casos de corrupción vinculados a Odebrecht; esas imputaciones fueron entonces difundidas como declaraciones políticas y no estuvieron acompañadas de pruebas en dichos mensajes.
El episodio actual ocurre mientras avanzan trabajos de la Vía Expresa Norte —con cierres y desvíos en tramos de la avenida Universitaria— y protestas de comerciantes de La Parada en el Centro Histórico por un eventual desalojo, según reportes periodísticos.
En paralelo, opiniones editoriales y coberturas internacionales han señalado que la Municipalidad de Lima estaría usando la gestión como plataforma de proyección política, con inauguraciones de obras inconclusas y anuncios de baja viabilidad técnica; entre esas miradas críticas, se cita un reportaje de The Economist que cuestiona la consistencia de algunas iniciativas.
Declaraciones y posturas
En un video difundido en sus redes, Torres afirmó: “Drones que explotan, 10.000 motos sin chofer, un penal para 3.000 en un sistema colapsado y 20 presos en vez de 5.000. Esto no es un plan de seguridad. Es un plan de marketing para TikTok”.
Por su parte, en una intervención reciente, López Aliaga atribuyó la no operación de trenes importados para Lima Este a bloqueos políticos, mencionando a César Acuña, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, entre otros. Hasta el cierre de esta nota, ni el alcalde ni RP respondieron de forma directa al video de Torres por redes u otros canales. La Municipalidad de Lima no emitió un descargo técnico adicional sobre las compras de drones y motocicletas en el período revisado.
Cifras, documentos y datos conocidos
- Medidas cuestionadas por FP: adquisición de drones, entrega de motocicletas a la PNP y propuestas sobre infraestructura penitenciaria (según el video de Torres).
- Transporte: trenes importados por la comuna con operación pendiente, de acuerdo con declaraciones del alcalde.
- Obras viales: Vía Expresa Norte con desvíos temporales informados por la municipalidad.
- Movilizaciones: protestas de comerciantes en el Centro Histórico por eventuales reubicaciones (coberturas periodísticas).
- Críticas editoriales: columnas y reportajes —incluido uno citado de The Economist— que cuestionan el uso proselitista de la gestión, la viabilidad de iniciativas y el manejo financiero de proyectos. Se trata de opiniones de terceros que requieren contraste con documentación oficial.
Implicancias políticas y de gestión
El cruce tensiona la relación entre dos fuerzas de derecha con influencia en Lima y en el debate nacional, y puede incidir en coordinaciones sobre seguridad ciudadana. En términos operativos, las críticas colocan bajo escrutinio:
- Sustento técnico de drones y motocicletas: costos totales (adquisición y mantenimiento), capacitación, integración con la PNP, protocolos de uso, indicadores de reducción del delito por zona y tipología.
- Transparencia de adquisiciones: Términos de referencia, contratos, garantías y niveles de servicio, así como informes de control.
- Hoja de ruta ferroviaria: cronograma de habilitaciones, pruebas, seguros, permisos sectoriales y modelo de operación.
- Gestión de obras: plan de desvíos, señalización, evaluación de impacto en tránsito y comercio, y medidas de mitigación.
Próximas acciones y escenarios
- Pronunciamientos técnicos de la Municipalidad, con publicación de expedientes, TDR, contratos y KPIs de seguridad y transporte.
- Posible debate en el Concejo Metropolitano y requerimientos de información desde comisiones de control político.
- Actualizaciones de desvíos y mesas de diálogo con comerciantes para acordar reubicaciones y compensaciones cuando corresponda.
- Contraloría y OCI podrían ampliar acciones de control concurrente sobre adquisiciones y contratos, según su programación institucional.
Panorama
Las declaraciones de Miguel Torres y los descargos previos de Rafael López Aliaga reabren una disputa en la derecha y sitúan bajo verificación pública la consistencia técnica y financiera de las políticas municipales de seguridad y transporte. La evaluación ciudadana y de los órganos de control dependerá de la evidencia documental que sustente adquisiciones, cronogramas y metas medibles de impacto.
