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Grabaciones reveladas por medios lo vinculan con gestiones y presuntos pagos ilícitos. La Fiscalía analiza 77 audios y más de 1.000 mensajes.
Nuevos audios atribuidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, fueron difundidos por diversos medios. En las grabaciones se escucha a un interlocutor —que sería el ministro— afirmar que “tenemos a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que nos están apoyando” y referirse a dinero para “adelantar el tema”. Los audios se insertan en una investigación fiscal en curso por presunta injerencia ante el TC y pagos vinculados a causas seguidas contra policías, hechos que habrían ocurrido entre enero de 2024 y 2025 en Perú.
Antecedentes y contexto
De acuerdo con las publicaciones, las comunicaciones se habrían producido cuando Santiváñez ejercía la defensa de dos policías vinculados al caso de la organización criminal Los Pulpos en Trujillo. El 5 de enero de 2024 asumió la representación legal; el 8 de enero —según las mismas fuentes— habría informado honorarios de 20.000 soles y solicitado 20.000 dólares adicionales para “asesores externos”, monto que, según un testigo protegido (01-2025), serviría para “asegurar el tema” ante el TC respecto de Miguel Salirrosas y Eber Riquelme Juárez.
Declaraciones y registros atribuidos
En uno de los audios divulgados se oye: “Señito, estoy moviendo cielo y tierra… Nosotros tenemos a dos magistrados del Tribunal Constitucional que nos están apoyando.”
En otro registro, la voz atribuida a Santiváñez sostiene que un dinero recibido no sería un honorario, sino que habría sido entregado para “adelantar el tema”.
Adicionalmente, la Fiscalía cuenta con otras grabaciones proporcionadas por el capitán PNP Junior Izquierdo, en las que se menciona, entre otros puntos, supuestas presiones sobre la Diviac y referencias a la fuga del exgobernador Vladimir Cerrón. Todas estas piezas forman parte del acervo probatorio bajo análisis.
Cifras, documentos y datos oficiales
- 77 audios y más de 1.000 mensajes de WhatsApp integran el expediente fiscal, según las fuentes citadas.
- Un informe pericial fonético-acústico —elaborado con el software forense SIS II— concluye con alta probabilidad (≥90%) que las voces de las muestras dubitadas e indubitadas corresponden al mismo locutor (Juan José Santiváñez).
- Las comunicaciones incluyen diálogos con allegados de Miguel Salirrosas; se consignan gestiones y actualizaciones transmitidas a través de un intermediario identificado como Juan Alfonso Mendoza Moreno.
Nota metodológica: la prueba pericial atribuye voces con base en métricas comparativas; su valoración final corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial.
Implicancias institucionales
Las presuntas gestiones ante el Tribunal Constitucional apuntan a un riesgo de afectación de la independencia jurisdiccional y del debido proceso en causas con impacto público. Asimismo, los supuestos pagos para “asesores externos” y la alegada capacidad de “asegurar” resoluciones podrían dar pie a investigaciones por corrupción y tráfico de influencias, extremos que deberán ser acreditados en sede fiscal y, de ser el caso, judicial.
Próximas acciones y escenario
Con el material ya peritado y en análisis, se esperan diligencias ampliatorias, eventuales tomas de declaración a los involucrados y la incorporación de documentación financiera que permita trazar el origen y destino de los pagos mencionados. El avance del caso podría derivar en medidas cautelares o acusaciones si la Fiscalía estima que existen elementos suficientes para sostener los cargos. Hasta el momento, la investigación permanece abierta y sujeta a contraste de versiones.
Panorama
Los audios y mensajes divulgados colocan al ministro Juan José Santiváñez en el centro de un proceso que examina posibles interferencias en el TC y pagos asociados a expedientes sensibles. La verificación técnica preliminar respalda la autenticidad de las voces con alta probabilidad; sin embargo, la responsabilidad penal solo podrá establecerse con la conclusión de la investigación fiscal y las decisiones que adopten las autoridades competentes.
