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La Fiscalía probó que Roberto Villar Chamorro comandó la patrulla que ejecutó a ocho civiles en Huánuco, pese a intentos legislativos por cerrar estos casos.
El Poder Judicial condenó a 20 años de prisión efectiva al oficial del Ejército en retiro Roberto Villar Chamorro, exintegrante del operativo Chavín de Huántar, por el asesinato de ocho civiles ocurrido en marzo de 1994 en el caserío Cayumba Chico, en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco. La sentencia se sustentó en pruebas testimoniales y periciales presentadas por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, que acreditaron que el entonces capitán del Ejército comandó la patrulla militar responsable de las ejecuciones durante el conflicto armado interno.
Antecedentes y contexto del caso
Los hechos materia de la condena ocurrieron el 28 y 31 de marzo de 1994, en el marco de las operaciones militares desplegadas contra grupos subversivos en la selva central del Perú. Según la investigación fiscal, Villar Chamorro lideraba el operativo militar denominado “Paraíso”, desde la base contrasubversiva N.º 313 de Tingo María.
Durante estas acciones, una patrulla militar bajo su mando habría detenido arbitrariamente a un grupo de pobladores y posteriormente ejecutado a ocho personas mediante disparos y armas blancas. Entre las víctimas se encontraban dos menores de edad, de 6 y 14 años, y un adulto mayor.
El caso se mantuvo bajo investigación durante varios años dentro de los procesos judiciales por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que afectó al país entre las décadas de 1980 y 2000.
Declaraciones y posiciones de los actores involucrados
Durante el juicio, la fiscal superior Rosario Quico Palomino sostuvo que las pruebas recabadas permitieron establecer la responsabilidad directa del exoficial. Entre los elementos presentados se incluyeron testimonios de testigos, pericias y reconstrucciones de los hechos que, según la acusación, demostraron que Villar Chamorro ordenó la detención y posterior ejecución de las víctimas.
El tribunal dispuso, además de la pena privativa de libertad, el pago de una reparación civil de 100,000 soles a favor de los familiares de los fallecidos.
La sentencia ha generado reacciones políticas. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, cuestionó el fallo y afirmó que el Poder Judicial debe aplicar las leyes aprobadas por el Parlamento, en referencia a normas relacionadas con la prescripción de delitos vinculados a violaciones de derechos humanos.
Rospigliosi sostuvo que la sentencia representaría un desacato a la legislación vigente y planteó cuestionamientos sobre el rol del Poder Judicial en la interpretación normativa.
Respuesta institucional del Poder Judicial
Las declaraciones del legislador fueron rechazadas por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien defendió la independencia de los magistrados. Durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, la titular del sistema judicial afirmó que la institución actúa conforme a la Constitución y negó que la inaplicación de determinadas leyes mediante el control difuso constituya prevaricato o interferencia política.
Tello Gilardi señaló que los jueces están facultados para inaplicar normas que consideren contrarias a la Carta Magna y enfatizó que el Poder Judicial no responde a intereses políticos, económicos ni fácticos.
Datos oficiales y dimensión jurídica del proceso
El proceso judicial se desarrolló bajo la competencia de la Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco, instancia que logró sostener la acusación por asesinato con alevosía.
La condena se enmarca dentro de los procesos que buscan esclarecer presuntos crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, los cuales, según estándares internacionales, pueden ser considerados delitos graves que no necesariamente prescriben bajo determinadas condiciones.
El caso también adquiere relevancia debido a la trayectoria militar del condenado, quien años después integró el operativo Chavín de Huántar, intervención militar realizada en 1997 para rescatar rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima.
Implicaciones políticas, sociales y jurídicas
La sentencia reaviva el debate nacional sobre la responsabilidad penal de miembros de las Fuerzas Armadas en el contexto del conflicto interno. El caso se produce en medio de una discusión legislativa sobre la prescripción de delitos vinculados a violaciones de derechos humanos y el alcance del control constitucional que pueden ejercer los jueces.
Analistas legales han señalado que este tipo de procesos representa un punto de tensión entre la justicia transicional, la reparación a víctimas y las iniciativas legislativas impulsadas para regular la persecución penal de hechos ocurridos durante el periodo de violencia política.
Próximas acciones y escenarios posibles
La defensa del sentenciado aún podría interponer recursos legales en instancias superiores para cuestionar la condena. Paralelamente, el debate político en el Congreso respecto a la aplicación de leyes relacionadas con delitos de lesa humanidad podría intensificarse, en función de futuras decisiones judiciales.
Asimismo, organismos de derechos humanos mantienen seguimiento a este tipo de procesos como parte de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de justicia y reparación.
Panorama
La condena contra Roberto Villar Chamorro constituye uno de los fallos recientes vinculados a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. Mientras el Poder Judicial reafirma su independencia y la validez de sus decisiones, el caso continúa generando discusión en el ámbito político y jurídico sobre los alcances de la justicia en delitos relacionados con violaciones de derechos humanos.
