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Está claro que el primo político de Nadine Heredia, Santiago Gastañadui, estaría siguiendo instrucciones de la pareja presidencial para presionar al Poder Judicial y a la Fiscalía en sus afanes de querer desprestigiar al partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular (FP), para que sea investigado por una fiscalía especializada en una forzada denuncia sobre un supuesto desbalance de los aportes en el partido fujimorista. Siendo esto un descarado intento de intromisión en el accionar del Poder Judicial y de la Fiscalía. Algo repudiable pues obedecería a apetencias y temores políticos que escapan a la función natural de un legislador. Hecho que encerraría la clara intención de impulsar una campaña de desprestigio contra Fuerza Popular “ad portas” de la Segunda Vuelta Electoral.
Este informe documentado fue publicado ayer al detalle en el diario Perú 21, en el que señala que el 15 de marzo, a través de un oficio, el legislador Santiago Gastañaduí –primo político de la primera dama– le solicitó al ministro de Justicia, Aldo Vásquez, que “se sirva instruir a la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante delitos de lavado de activos” para que intervenga en la investigación que le siguen a Fuerza Popular, con la finalidad de que el caso sea derivado de una fiscalía común a una especializada (lavado de activos).
Segú el matutino en mención el legislador oficialista sustentó su pedido basado en una recomendación de la División de Investigación de Lavado de Activos de la PNP (Dirila), que mediante informe 09-01-DIRILA-PNP –documento que Gastañaduí adjuntó en su oficio– dirigido a la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima (FPPL), a cargo de las investigaciones a Fuerza Popular, recomienda que la investigación, por ser compleja, pase a una fiscalía especializada en delitos de lavado de activos. La denuncia contra FP fue interpuesta en octubre del 2015 por el ex militante nacionalista David Apaza Enríquez al sostener que los aportes reales a la agrupación fujimorista para la campaña del 2011 no guardan relación con lo declarado ante la ONPE. La denuncia fue derivada a la 26° FPPL.
Luego de algunos días de haber ingresado el caso, la Fiscalía notificó a la agrupación política fujimorista el inicio de la investigación. En ese entonces, la vocera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, advirtió que había una motivación política en la denuncia debido a que Apaza estuvo ligado al partido de gobierno.
El 22 de marzo, Gastañadui presentó un nuevo oficio al ministro de Justicia adjuntando una copia del informe especial de este diario sobre los aportes a Fuerza Popular. Al legislador nacionalista no le bastó dirigirse al ministro de Justicia, sino que también acudió al Ministerio Público. Así, el 22 de marzo, envió otro oficio al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, en el mismo sentido de pedir que el caso de Fuerza Popular sea derivado a una fiscalía de lavado de activos, adjuntando también el informe publicado por este diario.
Todo esto generó malestar en la institución y explicaron que en una investigación abierta solo el denunciante y las autoridades pueden tener acceso a los actuados. El comentario lo hicieron porque Gastañaduí adjuntó, en su carta, copia del informe de la Dirila, que tiene carácter reservado, y además porque el cambio de sede fiscal obedece a criterios técnicos y legales, y no a presiones políticas.
En el Ministerio de Justicia fueron diligentes con el requerimiento de Gastañaduí, pues el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Percy Curi Portocarrero, habría enviado hasta tres oficios a la procuradora adjunta Janet Briones, informándole del pedido del parlamentario nacionalista. En el tercero de ellos, el funcionario le habría requerido que le informe cuál es la estrategia con miras a lograr el objetivo de trasladar el caso del partido fujimorista a la Fiscalía de Lavado de Activos.
Sin embargo, Briones habría respondido con un informe escueto dejando en claro que su participación como abogada del Estado se ciñe estrictamente a la ley. El pedido de Gastañaduí coincide con las declaraciones posteriores, del 2 de mayo, que dio el presidente Humala, quien se quejó ante los medios sobre por qué a otros partidos “se les investiga en una fiscalía común” y no en una especializada, en alusión a Fuerza Popular.
‘Más claro no canta un gallo’. En mi opinión indirectamente detrás de este acto de clara intromisión de poderes, está la pareja presidencial que de confirmarse merece todo el repudio de la Opinión Pública. Sería también un acto de intromisión en pleno proceso electoral para dejar mal parado al partido de Keiko Fujimori faltando sólo dos semanas para las elecciones del 5 de junio. Inaceptable y repudiable. Hasta mañana mis amigos de Primera.
