El organismo señaló que las medidas del Congreso y la JNJ, incluidas mociones de inhabilitación, vulneran estándares internacionales de protección a fiscales y jueces.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, manifestó el 27 de noviembre su preocupación por la situación de la fiscal suprema Delia Espinoza, quien enfrenta impedimentos para retomar funciones en el Ministerio Público pese a existir una orden judicial de reincorporación. Satterthwaite advirtió que diversas acciones impulsadas por el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) configuran un escenario de hostilidad creciente contra la magistrada.

Cuerpo del artículo

Antecedentes y contexto del caso

Delia Espinoza, fiscal suprema y exfiscal de la Nación interina, fue suspendida de sus funciones mientras se evaluaban procesos disciplinarios en su contra. El 22 de noviembre, el Poder Judicial emitió una resolución que ordenaba su reincorporación inmediata; sin embargo, la Junta Nacional de Justicia no ejecutó la disposición dentro del plazo establecido.

Este incumplimiento derivó en nuevas gestiones legales por parte de Espinoza, quien acudió al Poder Judicial para exigir el cumplimiento de la medida. En paralelo, en el Congreso se impulsó un proceso de acusación constitucional que concluyó en una moción de inhabilitación por 10 años para ejercer función pública.

Preocupación de la ONU y advertencias internacionales

En un pronunciamiento oficial, Margaret Satterthwaite afirmó que el tratamiento recibido por Espinoza compromete estándares internacionales vinculados a la independencia judicial.

“Atacar a la fiscal Espinoza mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al retirarle parte de su escolta y mociones en el Congreso, únicamente por desempeñar su función como fiscal suprema y fiscal general de la Nación, supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país”, señaló la relatora.

Satterthwaite precisó que tanto la Junta Nacional de Justicia como el Congreso han formado parte de un proceso de creciente presión institucional.

“Me alarma que la JNJ haya abierto una investigación por abuso de autoridad contra el juez que ordenó su reincorporación. Me preocupa aún más que estos ataques sigan intensificándose”, agregó.

Asimismo, llamó la atención sobre la reciente aprobación en la Comisión Permanente de una moción que plantea la inhabilitación de Espinoza por una década.

La relatora recordó que el derecho internacional exige que fiscales y jueces no sean sometidos a sanciones ni amenazas por decisiones adoptadas dentro del marco de sus funciones.

Medidas legislativas y proceso de inhabilitación

El proceso contra Espinoza en el Congreso se originó a partir de una denuncia constitucional presentada por los legisladores Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín. La acusación también comprendía a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, pero solo prosperó respecto a Espinoza.

La Comisión Permanente aprobó:

• inhabilitarla por 10 años para ejercer función pública,
• autorizar una denuncia penal ante la Corte Suprema por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

El Pleno deberá ratificar o desestimar la decisión en una sesión posterior, lo que podría marcar el final de la carrera pública de Espinoza.

Respuesta de Delia Espinoza y cuestionamientos al proceso

Tras conocerse la votación, la fiscal suprema calificó la medida como un acto motivado políticamente.

Espinoza señaló:

“Se trata de una venganza política y un atropello. No tuve participación en la elaboración ni aprobación del reglamento cuestionado”.

Sostuvo además que las votaciones diferenciadas dentro de la Comisión Permanente evidencian un direccionamiento específico en su contra, lo que —según dijo— representa un intento del Legislativo de removerla del cargo.

Espinoza describió el proceso como una muestra de una “dictadura parlamentaria”.

Implicancias políticas e institucionales

El pronunciamiento de la ONU coloca el caso en un plano internacional y plantea dudas sobre la solidez de las garantías institucionales en el sistema judicial peruano.

Entre las implicancias se encuentran:

• la tensión entre poderes del Estado, debido a la desobediencia de una orden judicial;
• posibles cuestionamientos internacionales sobre el respeto a la independencia fiscal;
• riesgos de inestabilidad institucional, considerando que el Ministerio Público atraviesa un periodo de cambios internos y procesos disciplinarios sensibles.

Especialistas en derecho constitucional han señalado que las observaciones de la ONU pueden influir en las futuras evaluaciones del Congreso y de la JNJ respecto al cumplimiento de estándares democráticos.

Escenarios y próximas acciones

Los siguientes pasos incluyen:

• la eventual votación del Pleno del Congreso sobre la inhabilitación;
• la respuesta del Ministerio Público y la JNJ a los cuestionamientos internacionales;
• posibles nuevas medidas cautelares solicitadas por la defensa de Espinoza;
• monitoreo de la ONU sobre el desarrollo del caso.

Satterthwaite anunció que continuará observando el proceso y que enviará comunicaciones formales al Estado peruano solicitando información adicional.

Panorama

La preocupación expresada por la relatora de la ONU vuelve a colocar el caso de Delia Espinoza en la agenda nacional e internacional. Mientras el Congreso avanza hacia una posible inhabilitación y la orden judicial de reincorporación sigue pendiente de ejecución, el país enfrenta un nuevo debate sobre la independencia judicial y el equilibrio entre poderes del Estado.