MENU
La operación ‘Ícaro’ busca evidencias sobre una presunta red que habría favorecido a la minera El Dorado. El hermano de la presidenta y el ministro de Justicia son investigados.
Operativo en Lima y Ayacucho
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), con apoyo de la Policía Nacional, ejecutó este martes un amplio operativo de allanamiento en Lima y Ayacucho, como parte de la investigación denominada operación Ícaro. Las diligencias incluyeron la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en San Borja, y una oficina vinculada al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
En total, se intervinieron más de diez inmuebles, entre ellos dependencias públicas y propiedades relacionadas con colaboradores cercanos, en busca de documentación y dispositivos electrónicos que puedan respaldar la tesis fiscal.
La tesis del Ministerio Público
Según la investigación, la presunta red habría favorecido ilegalmente a la minera El Dorado mediante pagos a funcionarios para obtener ventajas indebidas. Entre los hechos bajo indagación se señala que, durante la gestión de Santiváñez como ministro del Interior, se habrían realizado operaciones policiales ficticias para recuperar minas en Ayacucho (Agripina 1 y 2) a favor de intereses privados.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que Dina Boluarte habría pedido a Santiváñez coordinar con la empresa minera para garantizar un arraigo laboral a Nicanor Boluarte.
Contexto político y judicial
El allanamiento se produce en vísperas de una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC), que evaluará recursos presentados por la defensa de Nicanor Boluarte contra la actuación de la Fiscalía. Ello ocurre pocos días después de que el TC resolviera que Dina Boluarte no puede ser investigada mientras ejerza la presidencia de la República.
La diligencia también guarda relación con el caso “Waykis en la sombra”, donde Nicanor Boluarte es señalado como presunto líder de una red que habría traficado influencias para asegurar nombramientos de prefectos y subprefectos afines a su entorno político.
Nuevos hallazgos
En esta ampliación de las pesquisas, la Fiscalía detectó supuestas irregularidades en la designación de Paulo Zevallos Rivarola como gerente comercial de la empresa estatal FAME, dedicada a la producción de armas y municiones. La designación se produjo tras reuniones entre colaboradores de Nicanor Boluarte y empresarios vinculados a contratos millonarios con el Ministerio del Interior, entonces encabezado por Santiváñez.
Reacciones de la defensa
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, calificó el allanamiento como “un abuso” y rechazó cualquier vínculo entre su defendido y la minera El Dorado. “Mi patrocinado no conoce al señor Santiváñez ni a personas relacionadas con empresas mineras. Esto es un abuso absolutamente innecesario”, afirmó ante los medios de comunicación.
Antecedentes
Nicanor Boluarte ya afronta medidas restrictivas en el marco del caso “Waykis en la sombra”, en el que se le imputa haber direccionado cargos públicos a cambio de beneficios políticos y económicos. La Fiscalía sostiene que esta red buscaba consolidar poder territorial en respaldo a la gestión presidencial.
Análisis final
La operación “Ícaro” representa un nuevo episodio en las investigaciones que involucran al entorno cercano de la mandataria. Los resultados de las diligencias fiscales podrían derivar en nuevas imputaciones y profundizar la crisis política que enfrenta el Gobierno.
