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Para el periodo parlamentario 2024-2025, el Congreso de la República ha elegido una nueva Mesa Directiva. Eduardo Salhuana, del partido Alianza para el Progreso, encabeza la lista ganadora. Este partido está presidido por César Acuña. Patricia Juárez de Fuerza Popular acompaña a Salhuana como primera vicepresidenta. Waldemar Cerrón de Perú Libre, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, ocupa la segunda vicepresidencia. Finalmente, la tercera vicepresidencia ha sido asignada a Alejandro Cavero de Avanza País.
Es importante destacar para nuestros lectores que la recién elegida Mesa Directiva incluye representantes de los mismos partidos que la anterior, la cual estaba liderada por el congresista Alejandro Soto de Alianza para el Progreso. Esto podría interpretarse como una revalidación de los acuerdos y negociaciones entre estos grupos políticos, y simplemente sería la prolongación de un pacto de gobernabilidad tácito y lamentable que prevalece entre la mayoría del Congreso y la presidenta Dina Boluarte Zegarra. Este acuerdo se estableció bajo el pretexto de preservar el poder para proteger la democracia, pero en realidad ha contribuido a su debilitamiento y a incrementar sus defectos.
Eduardo Salhuana, al asumir como el presidente número 351 del Parlamento, enfrenta varios cuestionamientos sobre su desempeño como legislador. Es el autor de la ley N° 31388, que ha permitido que medio millón de mineros sigan operando sin formalización en los últimos años. Además, es responsable de la ley 31973, que modifica la ley 29763 “Ley forestal y de fauna silvestre”. Esta última, según denuncias de organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), comunidades indígenas y líderes ambientales, disminuye la protección de los territorios amazónicos frente a invasores relacionados con la tala ilegal.
Salhuana también jugó un papel crucial en la aprobación, en primera votación, de la ley que busca eliminar los movimientos regionales, ya que él mismo solicitó su retiro del texto de la Constitución.
Tras conocerse el resultado de la votación en el Congreso, Eduardo Salhuana juró al cargo y en su primer discurso abordó los cuestionamientos en su contra, negando tener vínculos con actividades ilegales como la minería o la tala ilegal. “Para evitar especulaciones que injustamente se me cuestionan, hago saber que el año que ejerza la presidencia no presentaré ninguna iniciativa referida a dicho sector económico”, declaró en su alocución.
DEMOCRACIA SIN CALIDAD
El Instituto Bertelsmann Transformation Index (BTI), que evalúa la calidad de la democracia y la gobernanza a nivel mundial, publicó su informe 2024 en el que califica a Perú como una democracia “altamente defectuosa”. Según Hauke Hartmann, codirector del instituto, “América Latina se encuentra en el punto más bajo de su desarrollo político y económico, así como de la calidad de su gobernanza”.
Este estudio confirma que Perú está experimentando un debilitamiento de su democracia. El BTI 2024, de la fundación alemana Bertelsmann, concluye que en Perú “los derechos y las instituciones políticas se han debilitado y la democracia está en riesgo de ser socavada”.
El informe hace un recuento de los recientes acontecimientos políticos y económicos en Perú, incluyendo el conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo, el cuestionamiento a la victoria electoral de Pedro Castillo por parte de un sector político, y su “inesperado” golpe de estado.
Además, el informe menciona las protestas sociales que surgieron tras la asunción de Dina Boluarte como presidenta de la República y la respuesta de la policía y el ejército, que, según el informe, “violaron abiertamente los derechos humanos”, dejando un saldo de “más de 50 muertos y miles de heridos”.
En este contexto, el informe señala que Perú ha experimentado una “recuperación parcial” tras los costos humanos y materiales causados por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, atribuye la insuficiente recuperación a las “fallas en la gestión del gobierno de Pedro Castillo” y a la “inestabilidad política actual”.
Por todas estas razones, la mayoría de los peruanos no tenemos nada que celebrar este 28 de julio. Nos enfrentamos a una situación económica estancada y negativa que afecta especialmente a los más vulnerables, con tasas de desempleo en ascenso. La violencia está debilitando aún más la economía y el espíritu emprendedor del país, mientras que el gobierno parece incapaz de frenar las acciones de las bandas delictivas y la ola de crímenes que ha azotando al país durante meses.
La sensación de falta de gobierno ha llevado a la población a adoptar una postura de indiferencia hacia la clase política, reservando su esperanza para las próximas elecciones. Sin embargo, desde una perspectiva sociopolítica, este podría ser un proceso peligroso para la estabilidad democrática, dado que la gran cantidad de partidos que presentarían candidatos solo lograría una dispersión del poder que afectaría seriamente la gobernabilidad.
Nos encontramos en un momento crítico y significativo en el que los electores deben reflexionar sobre su responsabilidad en la actual crisis que atraviesa el país y sobre el papel que desempeñan como votantes en el desarrollo futuro de la nación. Es hora de invocar un mea culpa electoral ciudadano para evitar repetir errores pasados y aprender a votar con la cabeza, no con las emociones. A pesar de todo, les deseo un Feliz 28 en la medida de lo posible. Hasta la próxima semana, amigos de Primera.
