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Patricia Donayre ve difícil que fujimoristas renuncien a inmunidad y por ello iniciará pedido para consulta popular
Si es que la bancada fujimorista se opone a aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria en el Congreso, el pueblo a través de un referéndum nacional será el que ponga fin a este privilegio que ha sido mal utilizado como un mecanismo de protección para cubrir sus fechorías y evitar ser juzgados como cualquier ciudadano.
Así lo manifestó la legisladora Patricia Donayre, de Peruanos por el Kambio, quien aseguró que en nueve días tendrá los planillones para iniciar la recolección de las dos millones y medio de firmas que se requiere para que en las elecciones municipales y regionales de octubre se pueda consultar a la población si está a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria.
Explicó que en el Congreso se tendría que hacer una reforma Constitucional que implica una votación calificada con 87 votos en dos legislaturas, lo que será difícil de lograr con el fujimorismo en contra.
Actualmente, un parlamentario no puede ser juzgado sin la autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, según el artículo 93 de la Constitución. Justamente, Donayre plantea que se elimine el tercer párrafo de esta norma para que los legisladores puedan ser juzgados sin restricciones.
El congresista Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), a través del oficio N°154-2018 pidió a la congresista Úrsula Letona (FP), titular de la comisión de Constitución, que ponga a debate el proyecto de Ley N° 980/2016. Este proyecto plantea que se modifique el artículo 93 de la Constitución para que sea la Corte Suprema la encargada de levantar la inmunidad parlamentaria y no el Congreso.
Quintanilla remarcó que presentó esa iniciativa hace un año y en ese tiempo Letona no ha mostrado ningún interés para que sea debatido.
En este momento hay tres legisladores con sentencias, que se han salvado de ir a la cárcel por su inmunidad parlamentaria. Ellos son: Zacarías Lapa Inga (FA), quien tiene una pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva. Benicio Ríos (APP) una pena de 7 años y Guillermo Martorel (FP), 5 años de prisión efectiva.
