El Ministerio Público solicita cinco años y cuatro meses de prisión para el presidente de Juntos por el Perú.
Depósitos por S/ 208.000 y S/ 75.550 —que en conjunto suman S/ 283.550—, hechos por militantes en cuentas mancomunadas y que no habrían sido reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), están en el centro del juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino, presidente de Juntos por el Perú (JP). El juicio lo iniciará el Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima el 18 de diciembre. El Ministerio Público le imputa los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones. Pide para él cinco años y cuatro meses de prisión.
EL RASTRO DEL DINERO
Según la acusación fiscal, los depósitos se detectaron tras el levantamiento del secreto bancario. De acuerdo con esa tesis, el partido presentó ante la ONPE reportes financieros con ingresos declarados en cero o con cifras que no coincidirían con los movimientos reales de esas cuentas.
La acusación sostiene que el dinero provenía de aportes exigidos a militantes y aspirantes a candidatos para las elecciones internas de los comicios regionales y municipales de 2018 y de las congresales extraordinarias de 2020. Según la Fiscalía, parte de esos fondos fue a una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, hermano del procesado, fuera de la estructura financiera formal del partido.
EL PEDIDO DE CÁRCEL
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita la inhabilitación definitiva de Sánchez para ejercer la presidencia de JP. La Fiscalía le atribuye haber proporcionado datos falsos a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. Esos datos se refieren a la Declaratoria Financiera Anual y a la información de aportes, ingresos y gastos de campaña.
UN JUICIO SIN APLAZAMIENTOS
El juzgado declaró la audiencia inaplazable. Advirtió que, si Sánchez no se presenta, podría ser declarado reo contumaz y ordenarse su ubicación y captura. La primera sesión será virtual y empezará a las 9:00 de la mañana. Para el juicio, el tribunal citó a 13 testigos y peritos, propuestos por el Ministerio Público, la Procuraduría de la ONPE y los acusados. Entre ellos está el ex primer ministro Yehude Simon Munaro.
EL ORIGEN DEL CASO
Según la tesis fiscal, los informes que JP presentó a la ONPE en 2019 consignaron que el partido no había recibido aportes. En el caso de la falsa declaración, el juicio se centrará en una carta del 1 de julio de 2019, con la que se remitió el informe financiero anual de 2018.
El auto de enjuiciamiento lo dictó en junio de este año el juez Adolfo Farfán Calderón, del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. El 24 de julio, el mismo juzgado declaró infundados el pedido de nulidad de ese auto y las excepciones de prescripción, naturaleza de acción y cosa juzgada planteadas por la defensa. Con ello quedó cerrada la etapa intermedia.
LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA
El juzgado concedió a la defensa apelaciones contra esas decisiones, pero sin efecto suspensivo, por lo que no detienen el juicio. La defensa sostiene además que la conducta no es delito, porque Sánchez no firmó personalmente los reportes financieros, que habrían elaborado el contador y el tesorero. El juez señaló que ese argumento se debatirá en el juicio. El 25 de noviembre, en audiencia virtual, la Sala Penal de Apelaciones de Lima revisará el rechazo de la excepción de prescripción. Con ese recurso, la defensa busca archivar la imputación vinculada a la carta del 1 de julio de 2019.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Sánchez, excongresista y excandidato presidencial, trabaja como jefe del gabinete de asesores de la bancada de JP en el Senado. Si prospera el pedido fiscal, además de la pena de prisión, quedaría impedido de manera definitiva de presidir el partido.
A menos de dos meses del juicio, el caso tiene dos frentes: los depósitos que, según la Fiscalía, no fueron reportados a la ONPE, y el recurso de prescripción que la Sala de Apelaciones verá el 25 de noviembre. Desde el 18 de diciembre, el tribunal evaluará la acusación fiscal y los argumentos de la defensa.
