MENU
Fundado como un proyecto comunitario a inicios del siglo XX, el pueblo de San Javier sufrió operativos militares en 1980 y 1984 que dejaron detenciones arbitrarias, prisión y la muerte del médico Vladimir Roslik.
En San Javier, un pequeño poblado del departamento uruguayo de Río Negro fundado en 1913 por inmigrantes rusos, la dictadura militar instalada en 1973 ejecutó operativos en 1980 y 1984 que derivaron en detenciones masivas, denuncias de torturas y encarcelamientos, además de la muerte bajo custodia del médico Vladimir Roslik Bichcov. Décadas después, un juicio por crímenes de lesa humanidad busca establecer responsabilidades sobre lo ocurrido, mientras el caso sigue siendo un símbolo de cómo la Guerra Fría alimentó sospechas y persecuciones en comunidades marcadas por su origen.
Antecedentes y contexto del hecho
San Javier se ubica a orillas del río Uruguay, a unos 360 kilómetros de Montevideo. Nació cuando cerca de medio millar de inmigrantes rusos desembarcó en Puerto Viejo con la idea de construir una comunidad basada en principios religiosos y de vida colectiva, ligada a una secta denominada Nuevo Israel. En sus inicios, la colonia funcionó con sistemas de propiedad colectiva y producción agrícola; con el tiempo, su singularidad cultural generó debates en la prensa y en el Parlamento de un Uruguay que consolidaba la laicidad.
El liderazgo inicial de Vasili Lubkov —conocido como “Papá”— terminó en disidencias internas y en su salida del país. A San Javier continuaron llegando inmigrantes de distintas nacionalidades del espacio eslavo, varios de ellos impulsados por la Revolución rusa y los cambios políticos en Europa oriental.
Si bien el pueblo tuvo episodios de conflictividad social —incluida una represión policial en 1933 durante una reunión sindical—, los testimonios recogidos en el juicio sostienen que San Javier no se configuró como un bastión comunista. Sin embargo, durante la dictadura, rasgos como el uso del idioma ruso, las tradiciones culturales y los vínculos familiares con la Unión Soviética fueron interpretados por aparatos de inteligencia como factores de “sospecha” en el contexto de la Guerra Fría.
Detenciones en 1980: una redada sin explicación para los afectados
Entre abril y mayo de 1980, una veintena de personas —incluidos jóvenes y algunas mujeres— fue detenida en San Javier en circunstancias cotidianas, según relataron sobrevivientes. Los arrestos culminaron con traslados al batallón de infantería N.º 9 en Fray Bentos, donde los detenidos denunciaron malos tratos y métodos de coerción durante interrogatorios orientados a sostener una hipótesis: que en el pueblo operaba una supuesta estructura vinculada al Partido Comunista y a la Unión Soviética.
La Fiscalía uruguaya especializada en crímenes de lesa humanidad, encabezada por Ricardo Perciballe, atribuyó el operativo a un patrón discriminatorio: sostuvo que las privaciones de libertad se habrían aplicado “por la condición de rusos” de los detenidos, más que por actividad política comprobable. De acuerdo con los testimonios, los interrogatorios insistían en presuntos vínculos con redes clandestinas y tráfico de armas, hipótesis que los residentes describen como carentes de sustento.
Como consecuencia, 11 de los detenidos fueron enviados al penal de Libertad por meses o años. Un comunicado oficial de junio de 1980 presentó la operación como la desarticulación de una “célula armada” del Partido Comunista, versión que los afectados han negado de manera consistente.
1984: una nueva redada y la muerte de Vladimir Roslik
Cuatro años después, en abril de 1984, la dictadura realizó una nueva redada en San Javier. En ese contexto fue detenido el médico Vladimir Roslik Bichcov, de 42 años, oriundo del pueblo y formado en Medicina en Moscú con una beca universitaria. Su esposa, María Zavalkin, declaró ante la Justicia que Roslik ya había sido encarcelado tras el operativo de 1980 y que, luego de su liberación, evitaba hablar de lo sucedido.
Roslik murió bajo custodia tras su detención. Mientras la primera evaluación oficial atribuyó el fallecimiento a causas naturales, una segunda pericia autorizada posteriormente registró hallazgos compatibles con una muerte violenta. Con el tiempo, el caso se convirtió en un punto de inflexión: la difusión pública de esos resultados, según testimonios citados en el juicio, incrementó el cuestionamiento social a la narrativa oficial del régimen.
Cifras, documentos y datos oficiales
En Uruguay, el período de facto dejó un saldo documentado de miles de detenidos y víctimas de tortura. Cifras oficiales citadas en el reporte señalan que 197 personas desaparecieron y 202 fueron asesinadas por responsabilidad del Estado entre 1968 y 1985. En el caso específico de San Javier, el juicio por los operativos de 1980 y 1984 incluye a nueve imputados, entre ellos oficiales vinculados a la conducción de unidades y un exmédico militar. La Fiscalía solicita penas de entre 11 y 15 años y medio de prisión, mientras las defensas sostienen que no existen pruebas suficientes para condenar y alegan que los acusados actuaron en un marco institucional y de cadena de mando.
El caso de la muerte de Roslik, según se detalla, quedó fuera de la causa actual por una decisión previa que lo consideró cosa juzgada, lo que ha generado críticas y frustración en su entorno, sin impedir que el episodio siga ocupando un lugar central en la memoria del pueblo.
Implicancias sociales y memoria: miedo, fracturas y silencios
Más allá de las responsabilidades penales, el proceso judicial ha puesto en primer plano las secuelas sociales. Testigos relataron efectos duraderos sobre la vida comunitaria: miedo prolongado, desconfianza entre vecinos y cambios culturales. En particular, algunos declararon que el uso del idioma ruso disminuyó notablemente tras los operativos, asociado al temor a nuevas persecuciones.
En el plano local, San Javier mantiene señales de sus raíces —centros culturales, gastronomía y danzas tradicionales— y ha construido espacios de memoria. El nombre de Vladimir Roslik aparece hoy en infraestructura y referencias comunitarias, y una fundación asociada a su familia impulsa proyectos de salud y cuidado social en el pueblo.
Próximas acciones, escenarios o consecuencias posibles
Con el juicio en etapa avanzada, el foco inmediato está en la valoración judicial de los testimonios, documentos y pericias presentadas. La resolución tendrá impacto en el plano penal —por eventuales condenas o absoluciones— y también en el plano simbólico, en un país donde las causas por violaciones de derechos humanos se reactivaron tras la invalidación, en 2011, de una ley que había limitado la persecución penal de estos delitos.
Para San Javier, el proceso puede consolidar una narrativa judicial sobre hechos que durante décadas estuvieron atravesados por versiones oficiales contradictorias, además de reforzar políticas locales de memoria y reparación social.
Panorama
San Javier nació como una colonia de inmigrantes que buscó construir una vida comunitaria en el litoral uruguayo, pero terminó convertida en escenario de operativos de la dictadura marcados por detenciones arbitrarias y denuncias de graves abusos. El juicio en curso busca esclarecer responsabilidades y aportar una verdad judicial sobre episodios que todavía definen la identidad, los silencios y la memoria de este pueblo de raíces rusas en Uruguay.
