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El caso pasó del ámbito administrativo al judicial gracias a una resolución firmada por la jueza Silvya Llaque Napa, en lo que algunos consideran un nuevo capítulo del poder empresarial sobre los recursos públicos patrimoniales.
El hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu, símbolo del turismo de élite en el Perú, está hoy en el centro de una controversia legal, política y económica que podría redefinir los límites del control privado sobre espacios públicos estratégicos. Aunque el contrato de concesión entre el Estado y la cadena Perú Belmond Hotels venció oficialmente el 16 de mayo de 2025, la empresa continúa operando el predio gracias a una medida cautelar emitida por el Poder Judicial.
De lo administrativo a lo judicial: la medida que cambió el tablero
La resolución fue firmada por la jueza Silvya Llaque Napa, del 12° Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial de Lima, y ordena al Gobierno Regional del Cusco abstenerse de tomar control del inmueble hasta que se resuelva el proceso de arbitraje interpuesto por Belmond ante la Cámara de Comercio de Lima.
Esto congeló temporalmente la transferencia del hotel al Estado y permitió a Belmond, vinculado empresarialmente al alcalde de Lima Rafael López Aliaga, mantener el control operativo del único hotel ubicado a escasos metros del santuario arqueológico de Machu Picchu.
¿Qué está en disputa?
Belmond sostiene que tiene derecho a una prórroga de 64 meses alegando afectaciones extraordinarias sufridas por la pandemia de COVID-19 y los conflictos sociales que redujeron drásticamente la actividad turística. Según la empresa, estas condiciones extraordinarias justifican la extensión automática del contrato.
El Gobierno Regional del Cusco, sin embargo, considera que el contrato ha concluido y que cualquier extensión sería ilegal, dado que no existe cláusula expresa que respalde dicha prórroga en los términos solicitados.
La decisión de la jueza abre un cuestionamiento mayor sobre el uso del Poder Judicial como mecanismo de blindaje frente a decisiones administrativas legítimas, especialmente cuando están en juego recursos públicos y patrimonio cultural.
El papel de la jueza Llaque y los vínculos políticos
La firma de la medida cautelar por parte de la jueza Silvya Llaque Napa ha sido objeto de escrutinio. Aunque no se ha confirmado ningún vínculo directo, desde el Gobierno Regional del Cusco se ha sugerido que la magistrada tendría cercanía con asesores legales del entorno del alcalde de Lima, lo que ha desatado nuevas tensiones políticas en medio del conflicto.
Además, la estrategia legal de Belmond incluyó una denuncia penal preventiva contra el gobernador regional Werner Salcedo, y los dirigentes del Frente de Defensa de Machu Picchu, Héctor Calla y Alfredo Cornejo, acusándolos de planificar acciones violentas e incluso mencionando delitos como homicidio y disturbios.
Estas acciones han sido interpretadas por exautoridades como Darwin Baca como parte de una campaña de criminalización de la protesta social, especialmente porque más de 80 ciudadanos locales han sido denunciados penalmente por oponerse a la permanencia de la empresa.
¿Qué está en juego económicamente?
El Sanctuary Lodge es una joya estratégica del turismo de lujo en el Perú. Según estimaciones, genera ingresos anuales superiores a los 10 millones de dólares por su privilegiada ubicación a pocos pasos de la entrada a Machu Picchu.
El manejo de este activo no solo representa una fuente significativa de ingresos, sino también una señal de soberanía sobre los recursos vinculados al patrimonio nacional. Por ello, la prórroga del control privado, sin licitación ni concurso público, representa un serio cuestionamiento sobre la transparencia del modelo concesionado.
¿Qué viene ahora?
Actualmente, el caso se dirime en tres frentes paralelos:
- El arbitraje privado ante la Cámara de Comercio de Lima, donde Belmond pide la ampliación del contrato.
- La medida cautelar judicial vigente, que impide la recuperación del hotel por parte del Estado.
- El proceso de convocatoria de un nuevo operador, impulsado por el Gobierno Regional del Cusco.
El gobernador Werner Salcedo ha anunciado que el objetivo es culminar el proceso de selección de un nuevo concesionario en un plazo de ocho meses, pese a los obstáculos legales. También ha condicionado cualquier diálogo con Belmond a que esta retire sus demandas judiciales y arbitrales.
¿Quién manda en Machu Picchu?
El caso del Sanctuary Lodge no es solo un conflicto legal. Es el reflejo de una lucha más profunda entre intereses empresariales consolidados, poderes judiciales cuestionados y regiones que exigen control sobre su propio patrimonio.
El desenlace de esta controversia podría marcar un precedente clave sobre el rol del Estado frente a empresas privadas con capacidad de influir jurídicamente en la administración de bienes estratégicos. Mientras tanto, en Machu Picchu, el hotel sigue operando como si nada hubiera cambiado —pero todo está cambiando.
