MENU
La Asamblea Nacional avaló por unanimidad una norma que prevé excarcelaciones, pero entidades civiles advierten que excluye a numerosos detenidos considerados presos políticos.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en Caracas, por unanimidad y tras un segundo debate reglamentario, una ley de amnistía que permitirá la excarcelación de cientos de detenidos vinculados a protestas y episodios políticos desde 2002. La norma fue promulgada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien sostuvo que la iniciativa abre un proceso de reconciliación nacional. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal consideran que el texto es limitado y no beneficia a todos los casos que catalogan como presos políticos.
Antecedentes y contexto
La aprobación de la ley se produce en un escenario político marcado por cambios recientes en la conducción del Ejecutivo. Rodríguez asumió la presidencia interina en enero, tras la captura en Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro para enfrentar cargos judiciales en ese país, según información oficial estadounidense.
En las últimas semanas, el gobierno venezolano había anunciado la excarcelación progresiva de varios detenidos, en paralelo a conversaciones internas sobre reformas legales y ajustes en la política petrolera. De acuerdo con agencias internacionales, estas medidas se enmarcan en gestiones diplomáticas que involucran a la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
La votación parlamentaria se realizó tras el segundo debate requerido por la normativa legislativa venezolana y contó con el respaldo tanto del bloque oficialista como de diputados opositores.
Contenido de la ley
El texto aprobado consta de 16 artículos y contempla la amnistía para personas procesadas o condenadas por su participación en protestas políticas y en “acciones violentas” relacionadas con el intento de golpe de Estado de 2002, así como con manifestaciones y procesos electorales ocurridos en distintos meses de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.
No obstante, excluye a quienes hayan sido condenados por “rebelión militar” en los sucesos de 2019. Tampoco se aplica a personas condenadas por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico o corrupción, ni a quienes hayan promovido o ejecutado acciones armadas con apoyo de Estados extranjeros.
La ley no detalla de manera exhaustiva los delitos específicos alcanzados por la amnistía, aunque borradores previos —según Reuters— mencionaban figuras como instigación a delinquir, resistencia a la autoridad, rebelión y traición.
Además, la norma no contempla la devolución de bienes incautados ni la revocatoria de inhabilitaciones políticas o sanciones a medios de comunicación, aspectos que figuraban en versiones preliminares.
Para solicitantes en el exterior, se permite la designación de un abogado, pero se exige la comparecencia personal en territorio venezolano para la concesión efectiva del beneficio. Los tribunales deberán decidir sobre cada solicitud en un plazo máximo de 15 días.
Posturas oficiales y reacciones
Durante el acto de promulgación en la sede del Ejecutivo, Delcy Rodríguez afirmó: “Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía”.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló que la iniciativa busca promover “la hermandad, la unión y la paz de la República”, tras hechos que calificó de “lamentables y catastróficos”.
Por su parte, el fiscal general Tarek Saab expresó que la aplicación de la ley debería contribuir a un “país 100% pacificado” y reiteró que el Estado no reconoce la existencia de presos políticos, sino de personas que habrían cometido delitos tipificados en la legislación nacional.
En contraste, organizaciones como Foro Penal han cuestionado los alcances del texto. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, sostuvo en redes sociales que la amnistía no levanta de forma integral cargos, condenas ni otras restricciones judiciales en todos los casos documentados por la organización.
La diputada Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo, declaró que la ley “no es perfecta”, pero la consideró un avance dentro del proceso de negociación legislativa.
Impacto social y escenario actual
La aprobación de la ley coincidió con protestas de familiares de detenidos que mantenían un campamento frente a una comisaría en la Zona 7 de Caracas. Algunos iniciaron una huelga de hambre tras el vencimiento de plazos anunciados para excarcelaciones adicionales.
Según reportes locales, para la tarde del jueves solo permanecía en huelga Narwin Gil, cuñada de un detenido, mientras otros participantes la suspendieron por motivos de salud.
Desde el punto de vista jurídico, la eliminación de órdenes de captura internacionales para quienes resulten beneficiados podría facilitar el retorno de algunos solicitantes en el exterior. No obstante, la exigencia de comparecencia presencial podría representar un obstáculo para exiliados que enfrentan riesgos legales o políticos.
En el plano político, la unanimidad parlamentaria refleja un consenso puntual en torno a la norma, aunque persisten divergencias sobre su alcance real y sobre la calificación de los detenidos.
Panorama
La ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional abre un proceso formal de revisión judicial para cientos de casos vinculados a episodios políticos de las últimas dos décadas en Venezuela. Mientras el gobierno la presenta como un paso hacia la pacificación, organizaciones de derechos humanos sostienen que sus limitaciones impiden una solución integral. La aplicación práctica del texto y las decisiones de los tribunales en las próximas semanas serán determinantes para medir su impacto efectivo.
