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La apelación por una sentencia de peculado coloca al máximo ente electoral ante una decisión que podría reconfigurar la carrera presidencial 2026.
El futuro electoral de Mario Vizcarra, candidato presidencial del partido Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra, quedó en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concediera el recurso de apelación presentado por la organización política contra la tacha que declaró improcedente su inscripción para las Elecciones Generales 2026.
La apelación fue admitida tras subsanarse el pago correspondiente y permitirá que el máximo organismo electoral evalúe, en audiencia pública, si corresponde mantener la exclusión de la fórmula presidencial o revocar la decisión adoptada en primera instancia por el JEE.
Antecedentes del caso
El 5 de enero, el JEE de Lima Centro 1 declaró improcedente la inscripción de la lista presidencial de Perú Primero al declarar fundadas las tachas presentadas por tres ciudadanos, quienes cuestionaron que Mario Vizcarra no consignara en su hoja de vida una sentencia condenatoria por el delito de peculado emitida en 2005.
Los tachantes sustentaron su pedido en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que establece la prohibición de postular a la Presidencia de la República a personas con sentencia por delitos contra la administración pública, incluso si la condena fue cumplida y el sentenciado rehabilitado. Según el criterio expuesto, dicho impedimento tendría carácter permanente.
Asimismo, señalaron que el Tribunal Constitucional no ha emitido un pronunciamiento que declare inconstitucional la norma aplicable ni ha levantado la prohibición para sentenciados por peculado, por lo que la restricción continúa vigente.
El recurso de apelación y el rol del JNE
El recurso fue presentado por el personero legal titular de Perú Primero, José Luis Alvarado González, y concedido mediante resolución del JEE, que dispuso elevar el expediente al JNE. El documento señala expresamente la admisión de la apelación contra la Resolución N.° 00065-2026, que declaró fundadas las tachas.
Inicialmente, el recurso había sido declarado inadmisible por no haberse completado el pago exigido. Sin embargo, la situación fue subsanada tras acreditarse el abono de S/45 adicionales, con lo que se alcanzó el monto total requerido de S/1.650, permitiendo la elevación del caso.
Con ello, será el Pleno del JNE el encargado de emitir un pronunciamiento definitivo que determine si Mario Vizcarra puede o no continuar en la contienda electoral.
Posición de Perú Primero y del candidato
Desde la organización política, se ha cuestionado la solidez jurídica de la decisión adoptada por el JEE. Perú Primero sostiene que la resolución no estaría debidamente motivada y que se habría incurrido en una interpretación incorrecta de la normativa electoral y constitucional.
Mario Vizcarra también se pronunció públicamente tras conocerse la exclusión inicial, calificando la decisión como contradictoria. Señaló que su lista fue admitida en un primer momento y luego observada, lo que —a su juicio— vulneraría principios de seguridad jurídica. El candidato afirmó que confía en que el JNE revierta la medida y restituya su candidatura.
Implicancias y escenarios posibles
La decisión que adopte el JNE tendrá un impacto directo en el mapa electoral rumbo a 2026. Un fallo favorable permitiría a Perú Primero mantenerse en competencia, mientras que una ratificación de la improcedencia dejaría a la agrupación fuera de la carrera presidencial.
El caso también vuelve a poner en debate los alcances de los impedimentos electorales vinculados a sentencias por delitos contra la administración pública y el criterio de aplicación de la LOE frente a derechos políticos fundamentales, un tema que ha generado controversia en procesos electorales anteriores.
Panorama
Con la apelación ya admitida, el proceso entra en su etapa decisiva. El JNE deberá evaluar los argumentos legales y constitucionales de ambas partes para definir si Mario Vizcarra puede continuar como candidato presidencial o si la exclusión dictada en primera instancia queda firme, marcando así un precedente relevante en la aplicación de las normas electorales de cara a las elecciones de 2026.
