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Todo hace predecir que el otorgamiento de una pensión vitalicia para el expresidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori, por parte del Congreso, sellaría hasta el 2026 el pacto infame que sostiene el gobierno de la accidental presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y la mayoría de convenidos parlamentarios de los partidos políticos representados en el Poder Legislativo. Es decir, se zurran en la noticia, sin ninguna preculpabilidad y muestran el fortalecimiento de acuerdos bajo la mesa para mantenerse en el poder y hacer del Estado lo que les da la gana en contra de las grandes mayorías.
Es así que Fujimori recibirá una pensión vitalicia por haber ejercido como presidente de la República desde 1990 hasta 2000, después de que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso concluyera que resultaría procedente el requerimiento formulado por el exmandatario en mayo de este año.
Por su parte y muy orondo el flamante presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, representante de Alianza para el Progreso, socio de este gobierno, anunció que la pensión vitalicia solicitada por el expresidente Alberto Fujimori ha sido declarada procedente y está expedita para su pago. Esta decisión fue confirmada por las instancias administrativas competentes. La resolución, firmada por Heidi Figueroa, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Parlamento, declaró la procedencia de la pensión el pasado 9 de julio.
Salhuana, detalló que no será necesario que el otorgamiento de la pensión vitalicia sea evaluado por la Mesa Directiva del Parlamento.
Muy suelto de huesos Salhuana recordó que, en abril de este año, Fujimori presentó la solicitud a la Oficialía Mayor del Congreso y que su requerimiento fue evaluado por las instancias administrativas del Legislativo, que elaboraron informes técnicos, financieros y de presupuesto a favor del exmandatario, quien percibiría un pago de S/ 15 600 mensuales.
“Han transcurrido varios meses y, en junio, estas entidades señaladas han emitido opinión favorable a dicha pensión. El 10 de julio, específicamente, el Congreso ha notificado mediante este documento al señor Alberto Fujimori de que la pensión es procedente. Eso ha quedado expedito para el pago de la pensión”, comentó.
Intentando sacar cuerpo el titular del Parlamento insistió en que dependió de las instancias administrativas el otorgamiento de la pensión vitalicia. O sea la pensión corrió como por un tubo. La rapidez con que se le otorgó llama poderosamente la atención, puesto que hay solicitudes de trabajadores del mismo Congreso que duermen el sueño de los justos y están entrampadas por detalles administrativos mínimos. Y en la Oficina de Normalización de Previsional (ONP) hay cerros de expedientes solicitando pensiones ínfimas de ancianos mucho más necesitados que el señor Fujimori, a las a las que no se les da curso. La vara, el acuerdo político y la prevenda en su máxima expresión.
También existen expresidentes que actualmente son investigados por la Fiscalía -o tienen procesos pendientes- que ya disfrutan de un pago mensual a nombre del Estado.
La lista de expresidentes del Perú que se encuentran en esta situación tiene a tres integrantes: Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2006-2011), y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
El caso del expresidente Alejandro Toledo es especial, pues actualmente recibe una pensión vitalicia pese a permanecer recluido en el penal Barbadillo. Según El Comercio, el mandatario recibió entre el año 2017 y 2023 alrededor de 1.4 millones de soles. La pensión y seguros siguen vigentes hasta día de hoy.
Ollanta Humala también recibe los beneficios de contar con una pensión vitalicia como expresidente del Perú mientras es investigado por el caso Gasoducto Sur Peruano, en el que presuntamente habría recibido dinero de origen ilícito de parte de Odebrecht a cambio de otorgarles la buena pro de la mencionada obra.
Pedro Pablo Kuczynski también recibe una pensión vitalicia por ser expresidente, aun cuando se encuentra cumpliendo un periodo de prisión domiciliaria. El exmandatario se encuentra involucrado en una investigación por el caso de la Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3 vinculados a Odebrecht.
Sobre la rapidez con que ha corrido la solicitud de Fujimori Fujimori, Salhuana dijo, para zafar cuerpo, “que son las instancias administrativas las que resuelven esto, por tratarse de un derecho pensionario, que se trata de un derecho constitucional”, respondió, llamando fuertemente la atención lo bien informado y al detalle que se encontraba de este caso en particular.
En cuanto al caso de Fujimori Fujimori hay que tener en cuenta que el 30 de noviembre de 2000, un grupo de doce congresistas presentó una denuncia constitucional contra Fujimori por una serie de delitos por los que, consecutivamente, fue hallado culpable. El proceso de antejuicio siguió su curso y, en febrero de 2001, el exmandatario fue inhabilitado del ejercicio de la función de la función pública hasta por diez años.
A ello se suma que, el 7 de marzo de 2009, el Poder Judicial condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por los casos ‘Barrios Altos’ y ‘La Cantuta’.
“Es una decisión que ha pasado y que ha sido evaluada por las instancias administrativas del Congreso”, apuntó intentando dar por concluido el asunto.
Ahora lo que se tiene que hacer la fiscalía correspondiente, es solicitar al Poder Judicial que esa pensión sea embargada para el pago de la reparación civil, que asciende a 57 millones de soles por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.
Finalmente, con estos gestos políticos disfrazados de administrativos se corrobora el fortalecimiento del pacto político Gobierno-Legislativo con lo que se muestra sobresalientemente el gran poder que tiene Fuerza Popular en diferentes estamentos, en el mandato de la señora Boluarte y en los diferentes poderes del Estado. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
