Pataz bajo fuego: militares y policías chocan por la ruta del oro ilegal

El asesinato de un minero destapó acusaciones cruzadas, explosivos, dinero oculto y presuntos nexos con redes criminales.

El asesinato de Jolvi Rodríguez Calderón, vinculado a actividades de minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad, desencadenó una investigación que expuso tensiones entre efectivos de la Policía Nacional y miembros del Ejército destacados en el Comando Unificado Pataz (CUPAZ). Las pesquisas fiscales y policiales apuntan a posibles nexos entre integrantes de las fuerzas del orden y organizaciones dedicadas al control de operaciones mineras ilegales en la zona.

El caso comenzó el 20 de marzo de 2026, cuando Rodríguez Calderón fue asesinado a balazos mientras regresaba a su vivienda en el anexo de Carhuabamba, en Pataz. Según testimonios recogidos por la Fiscalía y la Policía, los atacantes vestían uniformes de camuflaje y se desplazaban en camionetas 4×4. Tras el crimen, los agresores destruyeron maquinaria, motocicletas y la vivienda de la víctima mediante explosivos, lo que llevó a los investigadores a considerar que el ataque iba más allá de un acto de sicariato convencional.

Investigación y primeras sospechas

El fiscal mixto de Pataz, Limber Mallqui Acosta, dispuso que la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo asumiera las diligencias. Un equipo dirigido por el mayor PNP Robinson Sánchez Chávarry se trasladó a la provincia para identificar a los responsables.

Durante las investigaciones, agentes de la Divincri detectaron que la ruta utilizada por los presuntos homicidas conducía hacia la garita de control de la mina Porfía. Las cámaras de vigilancia registraron el desplazamiento de una patrulla mixta integrada por miembros del Ejército y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) antes y después del crimen. Entre los identificados figura el capitán Edwar Díaz Cieza.

Las pesquisas no descartan la participación de miembros del Ejército ni de efectivos policiales en actividades vinculadas a la protección de operadores de minería ilegal. La Fiscalía programó interrogatorios a los agentes captados por las cámaras en horarios cercanos al asesinato.

Intervención policial y enfrentamiento con militares

El 11 de abril, agentes de la Divincri realizaron una operación en el sector Las Lomas de los Chanchos, entre Pueblo Nuevo y Zarumilla, tras recibir información sobre el transporte de explosivos destinados a actividades mineras ilegales.

En el lugar, los efectivos hallaron dos costales con 600 cartuchos de dinamita abandonados por sujetos que huyeron al advertir la presencia policial. Además, fueron intervenidos Geraldo Guzmán Marquina y Carmen Villalobos Huamán, quienes se desplazaban en una camioneta roja donde la Policía encontró 40.000 soles ocultos en la consola del vehículo.

Horas después, cuando el equipo policial retornaba a Pataz, fue interceptado por una patrulla militar encabezada por el mayor EP Víctor Andrade Segura. Según el reporte policial, los agentes fueron reducidos, desarmados y acusados de haber secuestrado a los intervenidos para apropiarse del dinero hallado durante el operativo.

De acuerdo con la versión recogida por la investigación, los militares afirmaron haber recibido alertas de rondas campesinas sobre un supuesto secuestro. Al día siguiente, cuatro policías fueron trasladados en un helicóptero militar a Trujillo y puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de cohecho y tenencia ilegal de armas.

Consultado por medios nacionales, el coronel EP José Avellaneda Díaz, jefe operativo del CUPAZ, evitó ofrecer mayores detalles y señaló únicamente que “todo está en investigación”.

Detenciones y vínculos con oficiales del Ejército

El caso tomó un nuevo giro el 21 de abril, cuando efectivos de la comisaría de Chagual detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas al asesinato de Jolvi Rodríguez. Entre los objetos incautados figuraba la placa de la motocicleta perteneciente a la víctima.

Uno de los intervenidos, Jeyser Otiniano Vásquez, fue identificado por la Fiscalía como chofer personal de un comandante del Ejército de apellido Silva, integrante del Comando Unificado Pataz. Según fuentes de la investigación, el oficial habría intentado influir para obtener la liberación del detenido, lo que motivó la elaboración de un informe policial por presunto tráfico de influencias.

Posteriormente, cuando los detenidos eran trasladados a Trujillo, un grupo de ronderos interceptó el vehículo policial y liberó a los implicados, incluido Otiniano Vásquez. La Policía investiga las circunstancias de esa intervención y posibles coordinaciones previas entre actores locales y organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Impacto y contexto en Pataz

La provincia de Pataz se ha convertido en uno de los principales focos de minería ilegal en el país. El incremento de la violencia, las disputas por el control territorial y las denuncias de infiltración criminal en instituciones públicas han generado preocupación en el Ejecutivo y en organismos de seguridad.

La presencia del Comando Unificado Pataz buscaba fortalecer la lucha contra organizaciones criminales en la zona; sin embargo, los recientes hechos han abierto cuestionamientos sobre la eficacia de las operaciones y los mecanismos de supervisión interna dentro de las fuerzas desplegadas en la región.

Especialistas en seguridad advierten que la presunta colaboración entre agentes estatales y redes de minería ilegal podría debilitar las investigaciones fiscales y agravar la crisis de seguridad en La Libertad, donde el crimen organizado ha incrementado su presencia en corredores mineros y rutas de transporte de oro ilegal.

Panorama

Las investigaciones sobre el asesinato de Jolvi Rodríguez Calderón y las presuntas conexiones entre efectivos militares, policías y operadores de minería ilegal continúan en desarrollo. La Fiscalía y la Policía Nacional mantienen abiertas varias líneas de investigación, mientras crece la presión para esclarecer la actuación de integrantes del Comando Unificado Pataz y determinar eventuales responsabilidades penales dentro de las instituciones involucradas.