El congresista de Juntos por el Perú, detenido en flagrancia por presunta agresión a su expareja, espera la resolución de la Fiscalía Suprema de Familia sobre su situación jurídica.
El diputado Julián Luis Pérez Mallqui, de 51 años según su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), representante de Juntos por el Perú por la región Cusco, permaneció detenido desde la mañana del jueves 30 de julio de 2026 en la comisaría de San Miguel, en Lima, tras ser intervenido por la Policía Nacional en flagrancia por una denuncia de agresión física y psicológica presentada por su expareja. La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar realizó diligencias urgentes ese mismo jueves, apenas seis días después de que el legislador jurara al cargo, el 24 de julio. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó ese día que el caso pasaría a la Fiscalía Suprema de Familia, que «resolverá lo que convenga» tras las diligencias preliminares. Esas diligencias se iniciaron formalmente el viernes 31 de julio, con un plazo de 15 horas fijado para que la Policía Nacional recabe testimonios de los agentes que participaron en la detención, de los testigos y de las propias partes, e informe al Ministerio Público; al concluir ese plazo se definirá si el diputado afronta el proceso en libertad o continúa detenido.
Quién conduce las diligencias
Las fuentes consultadas no son coincidentes sobre qué fiscal supremo tiene a su cargo, en definitiva, la resolución del caso. El fiscal de la Nación se limitó a señalar que el expediente correspondía a la Fiscalía Suprema de Familia, sin precisar el nombre del magistrado responsable. En el lugar de los hechos, un reporte de RPP identificó a la fiscal suprema de Familia Gianina Tapia como la magistrada presente en la comisaría de San Miguel conduciendo las diligencias preliminares. Ante esta falta de precisión en las fuentes disponibles, este artículo se abstiene de atribuir la conducción del caso a un fiscal específico hasta que pueda confirmarse de manera independiente.
Cómo se produjo la detención
De acuerdo con la reconstrucción policial recogida por La República, la denuncia original fue calificada como un caso de violencia psicológica, no física. La denunciante llegó primero a la comisaría de San Miguel y firmó los documentos que le explicaban sus derechos como víctima; los policías la notaron afectada, casi en shock, y ella pidió ir al baño por náuseas y malestar. Al demorar, los agentes tocaron la puerta para verificar su estado, y ella respondió que aún se sentía mal. Cerca del mediodía, se escuchó ruido en las afueras de la oficina donde Pérez Mallqui esperaba sentado. El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, señaló a Canal N que, en ese momento, la policía permitió a la denunciante quedarse sola en el baño y que, al volver, la encontró golpeando al diputado en medio de reclamos, episodio que —precisó— ocurrió ya dentro de la propia comisaría. Según el reporte policial, el diputado había ingresado antes al inmueble de la denunciante, en San Miguel, tras un altercado con el padre de ella. Pérez Mallqui negó haber cometido la agresión y declaró ante la Policía que fue él quien resultó afectado, al señalar que sufrió arañones en el rostro. La República reportó, además, que la denunciante es la misma abogada que en el pasado asumió la defensa legal del diputado en uno de los procesos judiciales que registra en su historial.
Tras la intervención, el legislador fue trasladado a medicina legal para un examen y a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), antes de ser devuelto a la comisaría de San Miguel, donde permanecía detenido junto con su abogada defensora, Gabriela Estefanero.
Voces sobre el caso
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan acudió a la dependencia policial para brindar soporte legal y psicológico a la presunta agraviada, y exhortó a los operadores de justicia a actuar con celeridad y a sancionar al responsable conforme a la ley. La bancada de Juntos por el Perú emitió un comunicado en el que reafirmó su rechazo a toda forma de violencia y su compromiso con el debido proceso, precisó que seguirá de cerca el desarrollo de las investigaciones y que evaluará, dentro de sus competencias, la adopción de medidas disciplinarias conforme a los resultados de las diligencias y a sus normas internas. Distintos senadores de la propia bancada, entre ellos Jaime Quito, pidieron conocer con plena cabalidad lo ocurrido antes de adelantar una posición. El abogado especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi señaló a RPP que, al tratarse de una detención en flagrancia, la inmunidad parlamentaria no resulta aplicable, por lo que un juez podría evaluar una prisión preventiva si el fiscal reúne elementos de convicción suficientes; de dictarse una medida superior a 120 días, correspondería solicitar al Congreso la suspensión de Pérez y la incorporación de su accesitario.
Los antecedentes judiciales del diputado
La detención reavivó la atención sobre el historial judicial de Pérez Mallqui, conocido como «Cheldo», quien según Andina registra tres sentencias judiciales dictadas en Ayacucho, Urubamba y Kimbiri. Un parte policial de 2020 da cuenta de una denuncia de su entonces pareja, quien señaló haber sido insultada y empujada al suelo. En febrero de 2024, el legislador se vio involucrado en un accidente de tránsito en el distrito de Pichari, provincia de La Convención (Cusco), en el que, según el atestado policial, habría conducido en presunto estado de ebriedad y atropellado a una madre y a su hija de siete años, quien sufrió secuelas severas, entre ellas epilepsia, convulsiones, fracturas, lesiones en la columna y pérdida de memoria; de acuerdo con esa misma versión policial, intentó darse a la fuga y se negó a identificarse. Pérez Mallqui ha rechazado esa versión y sostiene que no se trató de un atropello, sino de un choque fortuito. Por esos hechos, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho lo condenó por lesiones culposas a cuatro años, seis meses y 26 días de pena suspendida, sentencia declarada firme el 17 de enero de 2025, y al pago de una reparación civil de 80.000 soles. Registra además una sentencia de un año, ocho meses y 17 días por falsa declaración en procedimiento administrativo, dictada por el Juzgado Penal Unipersonal de Urubamba y firme desde el 31 de mayo de 2023, así como una condena en Kimbiri por violencia familiar de dos años y seis meses. En conjunto, las tres sentencias suman cerca de ocho años de pena privativa de libertad, aunque no todas de cumplimiento efectivo. El diputado recibió su credencial del JNE el 26 de junio de 2026, dentro de la bancada de Juntos por el Perú, que obtuvo 32 de los 130 escaños de la nueva Cámara de Diputados.
Implicancias y escenarios posibles
El caso plantea un primer examen para la bancada de Juntos por el Perú, dividida entre los llamados a esperar el resultado de las diligencias y la posibilidad de una sanción disciplinaria interna. En el plano judicial, la intervención en flagrancia deja abierta la posibilidad de que el fiscal a cargo solicite una medida de prisión preventiva, lo que —de superar los 120 días— obligaría a tramitar ante el pleno del Congreso la suspensión del diputado y la incorporación de su accesitario. El desenlace de las diligencias preliminares, cuyo plazo de 15 horas vencía en la noche del propio viernes 31 de julio, determinará si el diputado continúa detenido o afronta el proceso en libertad.
Panorama
Con el resultado de las diligencias preliminares aún pendiente al cierre de esta nota, y con Juntos por el Perú a la espera de definir una posición disciplinaria, el caso mantiene en suspenso tanto la situación judicial del diputado cusqueño como las consecuencias políticas que pueda enfrentar.
