La cámara llevaba año y medio instalada. Allison cuestiona las multas sin señalización. El trasfondo: una entidad municipal anuncia acciones legales contra un candidato a 49 días de la elección municipal.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y su empresa Emape anunciaron el sábado 15 de agosto que iniciarán “acciones legales y penales” contra el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison Oyague, por el retiro de un equipo de control de velocidad instalado en el tramo de la Costa Verde correspondiente a ese distrito.
El anuncio tiene una particularidad que lo distingue de un conflicto ordinario de competencias entre municipios: el denunciado es candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País y compite, en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, contra Rafael López Aliaga, exalcalde de la capital y hoy candidato de facto de Renovación Popular al mismo cargo.
La entidad que impulsa la denuncia está encabezada por Renzo Reggiardo, quien fue teniente alcalde de López Aliaga y asumió la alcaldía tras su renuncia. Ambos pertenecen a la misma agrupación política que hoy vuelve a postular al exalcalde. Esa cadena sitúa inevitablemente el episodio en el contexto de la campaña y ha derivado en una disputa de encuadres: la MML invoca la protección del patrimonio público; Allison, la defensa de los vecinos frente a un sistema de multas que considera abusivo.
El sucesor: quién dirige hoy la Municipalidad de Lima
Renzo Reggiardo fue elegido primer regidor y teniente alcalde de Lima para el periodo 2023-2026 en la lista encabezada por López Aliaga y asumió la alcaldía el 21 de octubre de 2025, después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones oficializara, el 17 de octubre, la renuncia de su antecesor. Su mandato concluye el 31 de diciembre de 2026.
Es esa gestión —junto con Emape S.A., la empresa municipal encargada de proyectos— la que anunció el sábado 15 de agosto el inicio de “acciones legales y penales”.
El comunicado, difundido en las redes sociales de la MML, sostiene que Allison “habría dañado y afectado, sin autorización” un equipo instalado por Emape en enero de 2025 y destinado a realizar estudios y mediciones de velocidad para identificar situaciones de riesgo y reducir los índices de accidentabilidad en la vía.
El texto agrega que Allison “se encontraría de vacaciones los días 1, 14 y 15 de agosto de 2026”, según la Resolución de Alcaldía n.° 103-2026-A-MDMM, argumento con el que la MML cuestiona que haya actuado en ejercicio legítimo de sus funciones.
Ni la MML ni Emape han precisado públicamente quién adoptó la decisión de iniciar las acciones legales, en qué fecha se tomó ni sobre la base de qué informe técnico. Reggiardo tampoco ha ofrecido declaraciones personales sobre el caso.
El antecesor: el candidato que dejó el sillón y volvió por la lista
López Aliaga renunció a la alcaldía el 13 de octubre de 2025 para postular a la Presidencia de la República en los comicios del 12 de abril de 2026. Fue elegido senador y posteriormente anunció que no asumiría el escaño.
Para las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre no podía buscar la reelección inmediata, prohibida por el artículo 194 de la Constitución, por lo que su partido lo inscribió como candidato a teniente alcalde y primer regidor detrás de Luis Rubio. El 4 de agosto, Rubio renunció a encabezar la lista por “razones estrictamente personales”, dejando a López Aliaga como candidato de facto al cargo que había dejado diez meses antes.
El denunciado por la comuna compite contra el exalcalde de esa misma comuna, cuyo sucesor la administra y cuya agrupación política lo postula.
Un sondeo de Ipsos difundido en la primera quincena de agosto ubica a López Aliaga al frente con 21 % de intención de voto, seguido por Carlos Bruce, de Somos Perú, con 13 %, y por Allison, con 9 %. La denuncia se anuncia, por tanto, en medio de una contienda en la que el exalcalde ocupa el primer lugar y Allison el tercero.
Conviene, sin embargo, marcar el límite de lo verificado. López Aliaga no ejerce un cargo público desde octubre de 2025 y no se ha confirmado una declaración personal suya anunciando la acción, pese a que diversos titulares periodísticos se la atribuyeron directamente con expresiones como “arremete” o “presenta denuncia penal”. La fuente primaria conocida es un comunicado institucional de la Municipalidad de Lima.
El rival denunciado: la defensa de Allison y sus límites
El denunciado no negó el retiro del equipo: él mismo lo difundió. “Retiramos cámara de control de velocidad instalada por la Municipalidad de Lima en Magdalena, sin nuestro consentimiento”, declaró Allison en el video publicado en sus redes sociales.
Su descargo tiene tres componentes: sostiene que la instalación se realizó sin consentimiento del municipio distrital, que no hubo una marcha blanca previa y que faltó señalización informativa antes de la aplicación de las llamadas “fotopapeletas”.
El encuadre que propone no es únicamente competencial, sino también político: presenta su actuación como una defensa de los vecinos frente a un sistema de cobro que califica de arbitrario y apela al rechazo ciudadano que generan las multas automáticas.
Lo que queda por esclarecer: quién decidió, cuándo y por qué ahora
El caso deja abierta una pregunta inevitable en pleno periodo electoral: ¿puede una entidad municipal accionar contra un candidato rival sin que esa actuación genere cuestionamientos sobre neutralidad política?
La normativa electoral prohíbe el uso de recursos y de la estructura estatal en favor o en perjuicio de candidaturas, y determinar si esa frontera fue vulnerada no corresponde a las partes enfrentadas, sino a los órganos competentes de fiscalización electoral.
Existe, además, un antecedente pertinente. En octubre de 2025, poco antes de su renuncia, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro emitió un informe de fiscalización contra López Aliaga por una presunta vulneración del principio de neutralidad electoral en el marco de una actividad de rendición de cuentas.
El elemento circunstancial más relevante es temporal. El equipo estaba instalado desde enero de 2025. El conflicto estalló en agosto de 2026, a 49 días de la votación, y el anuncio de las acciones legales se produjo el mismo fin de semana del retiro, con la resolución sobre las vacaciones de Allison ya citada expresamente en el comunicado municipal.
Esa coincidencia temporal no demuestra por sí misma una motivación electoral, pero convierte el momento, el procedimiento y la autoría de la decisión en aspectos centrales que la MML deberá esclarecer.
Escenarios y próximos pasos
El efecto electoral admite lecturas opuestas y ninguna encuesta ha medido todavía su impacto.
Para la candidatura que lidera los sondeos, el encuadre de defensa del patrimonio público puede reforzar un perfil de autoridad ya instalado, aunque existe el riesgo de que un sector del electorado interprete la actuación como el uso de la estructura municipal contra un competidor.
Para Allison, el enfrentamiento le otorga visibilidad y le permite instalar una causa de comprensión inmediata: la defensa de los vecinos frente a las fotopapeletas y las multas que considera injustificadas.
En una contienda fragmentada y con un volumen relevante de indecisos, episodios como este pueden terminar movilizando a las bases de cada candidatura antes que ampliándolas.
En lo inmediato, corresponderá al Ministerio Público evaluar los hechos y determinar si existen elementos que justifiquen el inicio de una investigación. Quedan pendientes, además, tres precisiones relevantes: el costo del equipo y si este fue dañado o reinstalado; la identidad del funcionario que adoptó la decisión de iniciar las acciones legales; y si la Municipalidad de Magdalena del Mar formalizará su cuestionamiento administrativo sobre la señalización, la marcha blanca y la instalación del dispositivo.
Cualquier decisión relevante se producirá en plena campaña electoral.
Panorama
Al cierre de esta edición, la MML encabezada por Reggiardo y Emape habían anunciado acciones legales y penales contra Allison, sin informar públicamente sobre su presentación formal ante el Ministerio Público, los eventuales tipos penales invocados ni el funcionario que adoptó la decisión.
El alcalde de Magdalena del Mar mantenía su versión de que el equipo fue instalado sin consentimiento distrital y sin la señalización previa correspondiente.
López Aliaga, que compite con Allison por la alcaldía de Lima y no ejerce cargo público desde octubre de 2025, no había declarado personalmente sobre la acción que diversos medios le atribuyeron.
A 49 días de los comicios, el episodio ya dejó de ser únicamente una controversia sobre una cámara de velocidad. La eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por el Ministerio Público; la legalidad administrativa del dispositivo, por las autoridades competentes; y cualquier posible afectación al principio de neutralidad electoral, por los órganos de fiscalización del JNE. Mientras tanto, la disputa ocurre en un escenario imposible de separar de la campaña: el sucesor administra la Municipalidad, el antecesor compite por volver y uno de sus principales rivales acaba de quedar bajo la amenaza de una denuncia penal.
