CASO LICEO NAVAL: INTERNAMIENTO DE CUATRO MESES PARA SEIS ESCOLARES; LA SITUACIÓN DE LOS ADULTOS SIGUE SIN DEFINIRSE

Seis de los diez escolares investigados fueron internados en un centro juvenil; los tres adultos que iban en el bus no han sido denunciados.

El caso por la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise avanza por dos vías distintas. En la justicia penal juvenil, el Poder Judicial dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los diez adolescentes investigados. En cuanto a los adultos que viajaban en el bus escolar cuando ocurrió el hecho denunciado, hasta el 20 de setiembre no se había informado sobre una imputación formal en su contra.

El episodio habría ocurrido el 15 de setiembre de 2026, durante el retorno de una actividad deportiva hacia la sede del colegio, en San Borja. La Fiscalía continúa las diligencias para reconstruir lo sucedido y determinar individualmente la participación de los investigados.

SEIS ADOLESCENTES BAJO INTERNAMIENTO PREVENTIVO

El Tercer Juzgado de Familia de Lima, a cargo de la jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo, acogió el requerimiento de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro y ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes.

La medida fue solicitada para asegurar su presencia durante las diligencias y se sustentó en indicios recogidos por el Ministerio Público, entre ellos las declaraciones de los menores involucrados, los testimonios de los policías intervinientes y de los padres denunciantes, así como el reconocimiento médico-legal practicado al adolescente agraviado.

Los seis investigados fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, en San Miguel. Los otros cuatro recuperaron su libertad después de que venciera el plazo de 48 horas de retención y la Fiscalía decidiera no solicitar contra ellos una medida restrictiva.

El internamiento preventivo no constituye una declaración de responsabilidad. Se trata de una medida cautelar destinada a garantizar la presencia de los adolescentes durante la investigación. La Fiscalía deberá precisar la intervención atribuida a cada uno antes de que el juzgado adopte una decisión definitiva.

MEDIDAS PARA PROTEGER AL ADOLESCENTE

En paralelo, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas en favor del estudiante agraviado.

El órgano jurisdiccional prohibió que los investigados realicen acciones contra el adolescente mediante espacios privados o redes sociales y ordenó que reciban atención psicológica. También dispuso que la comisaría del sector efectúe patrullajes semanales en el domicilio de la presunta víctima.

Estas disposiciones buscan evitar nuevos actos de hostigamiento mientras continúan las diligencias judiciales.

LA SITUACIÓN DE LOS ADULTOS

La situación procesal de los adultos que viajaban en el vehículo todavía no ha sido definida públicamente.

Jorge Petrozzi, abogado de la familia del adolescente, declaró que en el bus se encontraban tres adultos, quienes serían dos trabajadores docentes y el conductor. Según el letrado, hasta el 20 de setiembre el colegio no había comunicado formalmente sus identidades ni presentado una denuncia contra ellos.

“Nosotros tenemos, primeramente, que comenzar por la identificación de esos adultos, porque lamentablemente, hasta ahora, ni el Liceo Naval ni ninguna autoridad ha tomado alguna acción proactiva en el sentido de denunciar a esos adultos”, afirmó.

Petrozzi anunció que la familia promoverá acciones legales para que se determine si alguno de ellos incurrió en responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, aclaró que la sola presencia dentro del vehículo no basta para atribuir responsabilidad penal y que será necesario establecer qué función cumplía cada adulto, qué pudo conocer sobre los hechos y cómo actuó.

La eventual investigación de estas personas correspondería a la justicia penal ordinaria, mientras que el proceso contra los adolescentes permanece bajo competencia de la Fiscalía y los juzgados de Familia.

POSIBLES RESPONSABILIDADES DEL COLEGIO

La defensa de la familia sostiene que el estudiante sufría hostigamiento desde antes del episodio denunciado y que las autoridades educativas conocían esa situación.

“Esto ya venía de antes y el colegio lo sabía. El colegio no ha protegido a este menor”, declaró Petrozzi. Esta afirmación forma parte de la posición de la defensa y todavía deberá ser contrastada durante las investigaciones administrativas y judiciales.

La Marina de Guerra separó preventivamente de sus funciones a la directora del plantel, un docente y el entrenador vinculado con la actividad deportiva. La medida es administrativa y no supone una determinación de responsabilidad.

El Ministerio de Educación, por su parte, anunció la revisión de las funciones y actuaciones del personal que intervino en el traslado, así como de los protocolos aplicados por la institución educativa.

EL COLEGIO QUEDÓ BAJO REORGANIZACIÓN

El Gobierno dispuso la reorganización extraordinaria y temporal del Liceo Naval Almirante Guise bajo la conducción del Ministerio de Educación. La intervención se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2027 y comprenderá la gestión institucional y pedagógica del plantel.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asistencia legal y atención psicológica al adolescente y a su familia mediante el Programa Nacional Warmi Ñan. La Defensoría del Pueblo también solicitó una investigación célere, exhaustiva y transparente.

SITUACIÓN ACTUAL

Al 20 de setiembre de 2026, seis adolescentes cumplían cuatro meses de internamiento preventivo y otros cuatro afrontaban la investigación en libertad. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro mantiene abiertas las diligencias para establecer la participación individual de los escolares.

Respecto de los adultos que viajaban en el bus, no se había comunicado públicamente la apertura de una investigación penal ni una imputación formal. La defensa de la familia anunció que impulsará su identificación y denunciará a quienes considere responsables.

El colegio permanece en proceso de reorganización bajo la conducción del Ministerio de Educación, mientras continúan las investigaciones judiciales y administrativas.