El presidente del Senado respondió al anuncio de Juntos por el Perú de censurar al ministro del Interior, César Astudillo.
El presidente del Senado y titular del Congreso, Miguel Torres Morales, cuestionó el lunes 21 de setiembre la rapidez con la que Juntos por el Perú anunció una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, mientras el pedido del Ejecutivo para legislar por delegación en materia de seguridad continuaba sin dictamen.
Torres reconoció que la Cámara de Diputados tiene la atribución de debatir una eventual censura, pero sostuvo que el Parlamento no ha mostrado la misma celeridad para resolver la solicitud de facultades legislativas presentada por el Gobierno.
JUNTOS POR EL PERÚ ANUNCIA LA CENSURA
El vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, anunció mediante su cuenta en la red social X que su grupo parlamentario impulsará una moción de censura contra Astudillo.
“Necesitamos resultados, no explicaciones repetidas”, escribió el legislador, quien también exhortó a las demás bancadas a acelerar la derogación de las normas que, según su agrupación, obstaculizan la lucha contra la criminalidad, así como a promover una reforma policial.
Al cierre de esta edición, el anuncio todavía no se había traducido en una moción formalmente presentada y admitida a trámite. Por tanto, no existía una fecha establecida para su eventual debate en el Pleno de la Cámara de Diputados.
EL CRIMEN QUE REACTIVÓ LA DISPUTA POLÍTICA
El anuncio de Juntos por el Perú se produjo después del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte Polo, conocida como la “China Polo”.
Aponte fue atacada a balazos el sábado 19 de setiembre, alrededor de las 12:40 p. m., mientras participaba en una actividad proselitista en las inmediaciones del mercado de Caraz, provincia de Huaylas. El atentado dejó además cinco personas heridas por proyectiles de arma de fuego, según la información difundida por la Policía Nacional.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó al día siguiente que tres personas habían sido detenidas por su presunta participación: el supuesto autor de los disparos, una persona que lo habría trasladado y un presunto financista. La investigación continúa bajo la hipótesis de un posible crimen por encargo.
Aponte había denunciado públicamente que recibía amenazas contra su vida. La determinación de los autores intelectuales y del móvil corresponde al Ministerio Público y a la Policía.
“MUY RÁPIDOS PARA INTERPELAR”
Torres cuestionó que la respuesta parlamentaria se concentrara en una posible censura cuando todavía no se había resuelto la solicitud de facultades presentada por el Ejecutivo.
“Increíble. Muy rápidos para interpelar, muy rápidos para pedir una censura, y poco rápidos para lo que verdaderamente necesita el Perú, que son esas delegaciones de facultades”, declaró.
El titular del Congreso añadió que una eventual censura forma parte de las competencias de la Cámara de Diputados y expresó su confianza en que el procedimiento será evaluado conforme a sus reglas.
“Respecto a una censura, si bien es derecho de la Cámara de Diputados poder debatir una censura, estoy seguro de que lo harán de manera adecuada”, afirmó.
Torres también expresó sus condolencias a los familiares de Aponte y reclamó que las autoridades determinen las responsabilidades en el asesinato.
ASTUDILLO YA FUE INTERPELADO
El cuestionamiento contra el ministro del Interior se inició antes del crimen de Caraz.
El 17 de setiembre, Astudillo compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados para responder un pliego de 27 preguntas contenido en la Moción de Orden del Día 256-2026-2031-CD.
La sesión comenzó a las 10:15 a. m. y se desarrolló de manera secreta a pedido del ministro, debido —según explicó— a las características de la información que debía exponer.
Las preguntas se referían a las medidas adoptadas contra la extorsión, el sicariato y los homicidios agravados; los mecanismos utilizados para evaluar los resultados; la coordinación con otras instituciones; el presupuesto destinado a seguridad ciudadana; y los cuestionamientos sobre determinadas designaciones dentro del sector.
Torres defendió la existencia de resultados operativos presentados por Astudillo ante el Congreso y sostuvo que el Ejecutivo necesita herramientas adicionales para ampliar esas acciones. Sin embargo, algunas de las cifras citadas por el presidente del Senado fueron formuladas de manera imprecisa y no pueden presentarse como datos comprobados sin una aclaración del Ministerio del Interior.
EL PEDIDO DE FACULTADES SIGUE PENDIENTE
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de agosto el proyecto que solicita facultades legislativas por 120 días calendario. La iniciativa fue remitida al Congreso al día siguiente con propuestas sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, materia tributaria, simplificación administrativa y otros ámbitos.
La Proposición Legislativa 00098/2026-2031-CD quedó bajo evaluación de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El grupo de trabajo recibió a integrantes del Ejecutivo y escuchó las posiciones de distintas bancadas, algunas de las cuales reclamaron mayor precisión en los alcances de la delegación.
Torres afirmó que el plazo reglamentario para que la comisión emitiera un pronunciamiento vencía el lunes 21 de setiembre y advirtió que, hasta el momento de sus declaraciones, no se había adoptado una decisión.
“Hoy se cumplen los quince días que el reglamento señala para que la Cámara de Diputados, en su Comisión de Constitución, resuelva si se otorgaban o no las facultades al Ejecutivo; y, al parecer, hoy no se tendrá una decisión”, señaló.
El presidente del Congreso invocó a la comisión a concluir el análisis y sostuvo que, si el Parlamento exige resultados en materia de seguridad, también debe pronunciarse sobre las herramientas solicitadas por el Gobierno.
OTRAS BANCADAS EVALÚAN SU POSICIÓN
El vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, indicó que su bancada solicitó información al Ministerio del Interior sobre las investigaciones del asesinato y que evaluará adherirse a la censura si no observa resultados.
La senadora Susana Matute, del Partido del Buen Gobierno, afirmó que su agrupación todavía no había definido una posición. No obstante, advirtió que Astudillo deberá mejorar su gestión o considerar su salida del cargo ante el agravamiento de la violencia.
Estas posiciones muestran que Juntos por el Perú aún necesita conseguir respaldo de otras bancadas para que la iniciativa avance una vez presentada formalmente.
DOS PROCEDIMIENTOS TODAVÍA SIN DEFINICIÓN
La controversia enfrenta dos asuntos distintos. Por un lado, la Cámara de Diputados deberá decidir si tramita y aprueba una moción de censura contra el ministro del Interior. Por otro, su Comisión de Constitución debe emitir un dictamen sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.
La censura anunciada aún no había ingresado formalmente al procedimiento parlamentario al cierre de esta edición. El pedido de facultades, en cambio, continuaba en evaluación sin una fecha confirmada para su votación.
El asesinato de Susy Aponte incrementó la presión política sobre el Ministerio del Interior, pero la investigación penal y la determinación de responsabilidades continúan en manos del Ministerio Público y la Policía Nacional.
