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El constitucionalista comentó que el Congreso deberá acatar la decisión de archivar las acusaciones contra magistrados del Tribunal Constitucional.
El abogado constitucionalista Samuel Abad se pronunció sobre la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de archivar la acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y precisó esta debe ser acatada por el Estado además de no ser desconocida por el Congreso.
Abad calificó como importante y valiosa la resolución de la Corte IDH, debido a que la acusación que impulsa el Congreso contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña solo generaba incertidumbre jurídica y afectaba a las víctimas de ese proceso.
“Las decisiones de la Corte IDH se acatan por el Estado sí o sí, es decir acá no puede presentarse una situación de desconocimiento y lo que le queda al Congreso de la República acate lo que dice la Corte IDH y disponga el archivamiento definitivo de esta acusación”, dijo Abad.
Este viernes la Corte IDH resolvió que el Estado peruano archive la acusación contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón. La resolución también precisa que el Estado debe presentar a más tardar el 15 de abril de 2018 un informe completo y detallado, respecto del cumplimiento de lo dispuesto.
Abad dijo que la Corte ha actuado en el marco de sus competencias y que con la orden de archivamiento a estas acusaciones reivindica un mandato previo emitieron respecto al caso de El Frontón. “Sencillamente lo que está haciendo la Corte es defender sus fueros y exigir que su sentencia se acate y garantizar el derecho de acción a la justicia de las víctimas”.
El constitucionalista dijo que la acusación constitucional pretendía ir en contra del mandato de la Corte IDH. Además comentó que los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden ser sancionados por sus votos u opiniones.
“Uno puede o no estar de acuerdo con las sentencias de la Corte, respecto de una resolución del Tribunal Constitucional, pero eso no puede generar una sanción a los magistrados del tribunal como se ha pretendido”.
