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Comuneros de Espinar acusan a minera Glencore y policías de agredir a mujeres
Familias de Alto Huarca acusan a policías por abuso de autoridad. Hasta ahora en la PNP no hay sanción alguna
¿Al mismo estilo de Yanacocha contra Máxima Acuña? Las familias de la comunidad de Alto Huarca dicen estar amenazadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú y miembros de seguridad de minera Glencore Antapaccay.
Según informa la organización “Derechos Humanos Sin Fronteras”, cerca de 10 ciudadanos han sido golpeados y amenazados en los últimos días. El objetivo sería desalojarlos de sus terrenos.
El proyecto minero Antapaccay, de donde se extrae cobre, está a cargo de la suiza Glencore y en está actualmente en fase de expansión. “El último martes 03 de abril un contingente policial junto con maquinarias y ocho funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, de manera sorpresiva, se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca con el objetivo de desalojar a las familias de la zona, con la seguridad que sus terrenos no se encuentran en venta, las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas, los efectivos sin ningún reparo empujaron, patearon e insultaron a Rocío Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi quienes resultaron gravemente heridas”, se lee en la alerta.
Los policías habrían empujado, pateado e insultado a las mujeres. Eufrosina Umasi contó, entre lágrimas, que la empresa minera viene hostigando a la comunidad para que venda sus terrenos y en estos se construya una carretera exclusiva de la transnacional.
El proyecto minero Antapaccay, en el Cusco, de donde se extrae cobre, está a cargo de la suiza Glencore y en está actualmente en fase de expansión.
CONSULTA PREVIA EN SACO ROTO
Las empresas mineras y petroleras han convertido al proceso de consulta previa en un instrumento para legitimar sus proyectos, señala un informe.
Las organizaciones Oxfam y Cooperacción, autoras del informe, sostienen que el Estado peruano no cumple con los estándares para la consulta previa, establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre las razones más importantes, está que no se consulta sobre el uso del territorio indígena ni la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
“No se está consultando medidas que pueden afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas”, afirman.
“Solo se está consultando actos administrativos. Los actos administrativos consultados no son relevantes en el proceso de toma de decisiones que corresponden al ciclo del proyecto minero. Sus efectos jurídicos directos sobre los derechos de los pueblos indígenas no son significativos”, agrega el informe.
Sostienen que, como la están aplicando, la consulta “no permite un diálogo real” con las comunidades, ya que de las 10 consultas mineras, solo 3 llegaron a la etapa de diálogo y el Estado no toma en cuenta las características particulares de cada pueblo al usar la misma metodología en las reuniones preparatorias y brindar información técnica en un formato estándar y occidental en los talleres informativos.
En general, afirman, las propuestas y acuerdos de la consulta “son de poca trascendencia”. “Se refieren principalmente a obligaciones funcionales de las entidades estatales y a obligaciones y compromisos de las empresas establecidos en la ley y en los estudios ambientales aprobados”, señalan.
El informe, titulado “La consulta previa en minería en el Perú y el incumplimiento de los estándares establecidos en el Convenio 169 de la OIT”, hace un balance de la implementación de la consulta, aprobada hace seis años. “La consulta se está convirtiendo en un mero formalismo”, sostiene el informe. Para demostrar esto, citan los casos de las consultas de los proyectos de exploración La Merced (Junín) y Corcapunta (Áncash) y de explotación Apumayo (Ayacucho), donde se realizaron las consultas en un solo día.
“No basta que se consulte cualquier medida: es necesario que ésta sea relevante y que se pueda determinar qué afectaciones produce en los derechos de los pueblos indígenas, y especialmente que exista la posibilidad real de establecer acuerdos que permitan evitar o prevenir esas afectaciones, incorporándolos en la medida”, concluye el informe.
Oxfam y Cooperacción recomiendan también que la consulta previa se realice con un verdadero diálogo intercultural para garantizar que los pueblos indígenas participen de manera real en las decisiones sobre su futuro, como establecen el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
