La Procuraduría del organismo electoral presentó la denuncia ante la fiscalía en agravio de Roberto Burneo.
Acoso y coacción. Esos son los delitos que la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atribuye al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y al excandidato presidencial Carlos Álvarez en la denuncia penal que presentó en agravio de Roberto Burneo, presidente del organismo. Según el procurador Ronald Angulo, la denuncia ingresó el viernes 30 de octubre a la fiscalía de turno del distrito de Lurín.
La acción se sustenta en alusiones de connotación sexual que ambos dirigieron contra Burneo en dos actos públicos, realizados en abril y octubre de este año. Corresponde ahora al Ministerio Público evaluarla y decidir si abre una investigación preliminar contra los dos políticos.
LOS DOS DELITOS
El Código Penal peruano tipifica la coacción en su artículo 151 y el acoso en su artículo 151-A. Para la Procuraduría, las expresiones de López Aliaga y Álvarez encajan en ambas figuras.
Angulo sostuvo que esas expresiones exceden la crítica legítima a un funcionario y tienen un carácter degradante. Ese es el fundamento del acoso. A ello sumó un segundo propósito, que sustenta la coacción: según el procurador, las alusiones «en cierta forma tratarían de condicionar un pronunciamiento del magistrado». «El derecho de uno termina donde comienza el derecho de otra persona», afirmó.
EL ANTECEDENTE DE ABRIL
El primer episodio que recoge la denuncia ocurrió la noche del martes 14 de abril, dos días después de la primera vuelta de las elecciones generales. Frente a la sede del JNE, López Aliaga, líder de Renovación Popular y entonces candidato presidencial, denunció un supuesto fraude electoral sin presentar pruebas y dio al organismo un plazo de 24 horas para anular la primera vuelta.
En esa ocasión se dirigió a Burneo con estas palabras: «Este es un método que se usa en Venezuela. (Es el) plan Morrocoy, la tortuga. Ya sabe por dónde se lo va a meter, señor, el morrocoy».
EL MITIN EN LURÍN
El segundo episodio tuvo lugar el sábado 24 de octubre, durante un mitin en Lurín, el mismo distrito en cuya fiscalía se presentó la denuncia. Allí, Carlos Álvarez, excandidato presidencial de País para Todos, retomó la expresión de López Aliaga y la acompañó de nuevas alusiones de contenido sexual contra el presidente del JNE. Según el propio JNE, Álvarez estaba rodeado de menores de edad en el estrado. López Aliaga estuvo presente y reaccionó con risas.
DE LA CENSURA A LA FISCALÍA
El miércoles 28 de octubre, el JNE emitió un pronunciamiento en el que censuró lo ocurrido. Advirtió que la reiteración de estas conductas «contribuye a deteriorar el debate público y a normalizar el insulto como forma de confrontación política». Anunció también que pondría los hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, y que su Procuraduría emprendería las acciones legales correspondientes. Dos días después, la denuncia llegó a la fiscalía.
LA RESPUESTA DE LÓPEZ ALIAGA
El sábado 31 de octubre, durante una actividad pública en el Rímac, López Aliaga anunció que responderá a la denuncia por la vía civil. «Se la voy a devolver por una demanda por daños y perjuicios», declaró. Esa demanda, si llega a presentarse, se tramitaría en el fuero civil, por separado del proceso penal.
En la misma actividad, calificó al JNE como «parte de la corrupción estructural en el Perú» y volvió a responsabilizar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por la pérdida de votos que, según afirmó, obtuvo en Lima Norte y Lima Sur. El caso se suma a los cuestionamientos que el líder de Renovación Popular ha formulado contra los organismos electorales desde la primera vuelta de abril.
Hasta el cierre de esta edición, Carlos Álvarez no se había pronunciado públicamente sobre la denuncia.
EN SÍNTESIS
La Procuraduría del JNE denunció ante la fiscalía a Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por presuntos acoso y coacción en agravio de Roberto Burneo. El Ministerio Público deberá decidir si abre una investigación. López Aliaga ha anunciado una acción civil contra el organismo, mientras que Álvarez no ha emitido declaraciones.
