AFPs, UN FUTURO SIN ESPERANZA

El Congreso aprobó esta semana la séptima entrega de fondos del sistema de pensiones. Ahora, mientras esperan la promulgación u observación por parte del Ejecutivo, la mayoría de los afiliados a las pensiones privadas se preparan a retirar los 20.600 soles de sus cuentas de capitalización. Esta última aprobación del retiro de dichos fondos vuelve a poner en la picota la problemática del sistema de pensiones en el país, que va más allá de hacer efectivo el retiro de dicho monto.
Con 97 votos a favor, el pleno del Congreso dio luz verde este jueves a un nuevo retiro facultativo de los fondos de pensiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el séptimo aprobado desde 2020. En esta oportunidad, los beneficiarios tendrán la posibilidad de retirar un tope de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/20.600, según el texto sustitutorio del dictamen.
La postura del Banco Central de la Reserva (BCRP) era contraria a la iniciativa, puesto que, según su presidente, Julio Velarde, la salida de millones de soles de estos fondos privados “puede incrementar el riesgo crediticio del país”.
Economistas y expertos también mantienen posturas encontradas al respecto. Desde el año que comenzó la pandemia, y por sus graves consecuencias monetarias, el Parlamento ha aprobado una serie de retiros parciales de los fondos privados que gestionan las AFP para aliviar el impacto económico en los trabajadores.
A nivel latinoamericano, la medida fue implementada por Chile, Colombia, México, Argentina y Bolivia, cada uno con detalles específicos. Y en todos estos países los resultados han sido negativos. Pues la teoría dice una cosa y en la práctica los resultados son un desastre al menos para los aportantes.
En Chile, la pensión promedio de los jubilados por edad es de USD 322, pero incluso hay quienes cobran menos de USD 100. La misma situación se replica en países como Perú y Colombia, que tienen el mismo sistema de capitalización individual.
En Perú, más del 90% de afiliados a las AFP que llegan a la jubilación deciden retirar casi la totalidad de sus ahorros y no optan por recibir una pensión mensual porque el cálculo arroja montos bajos que no les alcanzaría para cubrir sus necesidades básicas.
Aunque las AFP siempre han señalado que han multiplicado el valor de los ahorros, el problema de las pensiones en la región es la baja densidad de cotización, es decir, la cantidad de meses que el trabajador aporta a su fondo es menor al tiempo que estuvo afiliado durante su vida laboral. Esto debido a la alta informalidad y la falta de empleo.
Así, el actual sistema no se hace cargo de los períodos de no cotización, denominados “lagunas previsionales”.
La realidad es que un sistema basado en capitalización individual, con el solo aporte del trabajo en países donde la mediana de los sueldos es baja y existe altísima rotación del empleo e informalidad, es una mezcla negativa que arroja pensiones bajísimas, pero que sigue siendo un excelente negocio para las administradoras que nunca pierden.
Colombia y Chile van más avanzados en su debate para reformar el sistema previsional dominado por las AFP. Ambos países toman como base el proyecto que sus respectivos gobiernos presentaron ante el Legislativo, y se encuentran en proceso de realizar algunos ajustes hasta llegar al consenso.
Una situación muy diferente ocurre en Perú que, ante las demoras del Ejecutivo –que recién prepublicó una propuesta el 20 de junio del año pasado–, fue el Congreso quien tomó la batuta del tema. Pero no se logró un consenso en las instancias parlamentarias y hay dos dictámenes –completamente opuestos en el fondo– que se disputan por someter a votación por separado en el Pleno.
El modelo pensionario de las AFP se gestó en 1980 en Chile, con la dictadura de Augusto Pinochet. Antes, el régimen previsional chileno funcionaba como un sistema de reparto; es decir, las imposiciones de los trabajadores iban a un fondo común que se sumaba a los aportes del Estado. Así se financiaba la pensión de cada persona.
Años después otros países de Latinoamérica, como Perú y Colombia, replicaron el modelo chileno de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) administradas por empresas privadas: las AFP. A diferencia de Chile, que su sistema pasó a ser totalmente privado, en Perú y Colombia, las AFP funcionaron como competidoras a las gestoras públicas.
En Perú, desde 1973 en el Gobierno de Velasco Alvarado, funcionaba el régimen previsional público administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con un modelo solidario de reparto que implica que los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados.
Casi 20 años después, en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, en un contexto de privatización de diversos sectores de la economía, se impulsaron las AFP. Al inicio hubo ocho competidoras: Integra, Profuturo, Horizonte, Unión, Nueva Vida, El Roble, Providencia y Megafondo (estas últimas solo duraron un año).
Luego, en 1995, el gobierno fujimorista creó un Bono de Reconocimiento, que sirvió de incentivo para que los trabajadores se trasladen de la ONP (público) a las AFP (privados). A partir de entonces se incrementó potencialmente el número de afiliados a las AFPs, que actualmente administran los ahorros previsionales de casi 9 millones de peruanos.
Con el pasar de los años algunas AFP dejaron de operar y unas absorbieron a otras. En la actualidad están vigentes solo cuatro administradoras privadas: Integra (grupo Sura), Prima (grupo Credicorp), Profuturo (Grupo Scotiabank) y Habitat (de capitales chilenos).
Que estos datos sirvan para una ayuda memoria y saber por qué estamos como estamos en lo que a pensiones se refiere. Lo real y tangible es que el futuro pensionario de los peruanos está envuelto en una nube de desesperanza e incertidumbre, por lo que la mayoría está optando por retirar todo lo que puede para invertirlo, pagar deudas, construir o ampliar sus viviendas para ver algo tangible del dinero que aportaron en sus tiempos laborales. Lo cierto e indignante para los aportantes es que ante la subida y bajada de las ganancias de sus aportes, los únicos que no se han visto afectados desfavorablemente son las empresas administradoras, que son las que utilizan el capital de los aportantes para generar sus ganancias. Esa indignación es la que motiva principalmente la voluntad ciega de retirar hasta el último centavo que tienen en sus cuentas. Los aportantes prefieren despilfarrar su dinero a las migajas miserables de un sistema insensible y aprovechador. Un tema sumamente controversial y preocupante. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.