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El número de personas asesinadas en Filipinas desde que Rodrigo Duterte es presidente es impresionante: más de siete mil homicidios en los últimos siete meses. Mil muertos cada 30 días. 33 en 24 horas.
Son las consecuencias de la “economía de la muerte”, que se ha instaurado en Filipinas, a raíz de la brutal campaña antidrogas que Duterte ha ordenado desde julio del año pasado, con el propósito, según él, de acabar con todos los drogadictos de su país. Así sean millones.
La denuncia de esta economía paralela es de Amnistía Internacional (AI), que ha visto escandalizada cómo se extermina a filipinos, en especial de bajos recursos, ante la sola sospecha de que puedan ser consumidores o traficantes de drogas.
“Si eres pobre, te matan”. Así se llama la investigación que AI presentó hace pocas semanas. En ella, cuenta la historia detrás de 59 homicidios extrajudiciales ocurridos en 20 ciudades diferentes de este país del sudeste asiático. Denuncia, sobre todo, la aparición de grupos al margen de la ley y motivados por la retórica de Duterte que reciben dinero por cada cadáver de drogadicto que presentan.
Según la investigación de AI, los policías recibirían entre 160 y 300 dólares por los muertos que entregan. Sin embargo, una gran mayoría de agentes prefiere contratar a asesinos a sueldo por 100 dólares por cada consumidor de drogas que matan y 300 dólares por cada pequeño vendedor. “Nos pagan en efectivo, en secreto, las jefaturas. No hay incentivos por detener”, dijo un alto oficial policial entrevistado por AI.
Las cifras señalan que al menos 2.500 personas fueron asesinadas por policías. El gobierno se defiende y dice que estas muertes se deben a que las víctimas se resistían al arresto o abrían fuego. Proyecto Tokhang es el nombre de la campaña antidrogas que significa, en cebuano, lengua materna de Duterte, “golpea e implora”.
