Alejandro Toledo pone a Pedro Castillo y a las protestas como pretexto para intentar suspender extradición

Departamento de Estado asegura que su extradición cumple con obligaciones legales nacionales e internacionales.

El expresidente Alejandro Toledo apeló a la situación de su homólogo, el vacado Pedro Castillo y a las protestas que se registran en nuestro país, para solicitar a la justicia de Estados Unidos que ordene la suspensión de la ejecución de su extradición dispuesta por el Departamento de Estado de dicho país.

Con este y otros argumentos, el exmandatario alegó este jueves, ante la jueza Laurel Beeler de la Corte del Distrito Norte de California-División San Francisco, que acoja su pedido hasta que se resuelva el recurso de habeas corpus que quedó pendiente desde noviembre del 2022 en el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de San Francisco.

El gobierno norteamericano accedió a la extradición de Toledo a fin de que sea procesado por la presunta coima de $35 millones que habría recibido de Odebrecht a cambio de la licitación del proyecto Carretera Interoceánica 2 y 3. Por este caso se ha pedido 20 años y 6 cinco meses de cárcel en su contra al acusarlo de colusión y lavado de activos.

Su proceso de extradición por el Caso Ecoteva, por presunto lavado de activos en la compra de inmuebles con dinero corrupto, está pendiente ante la justicia de Estados Unidos.

Las autoridades gubernamentales de dicho país, solicitaron este jueves a la Corte del Distrito Norte de California que se dicte prisión para Toledo Manrique con la finalidad de ejecutar su extradición.

Castillo y la situación peruana

Toledo Manrique, a través de sus abogados públicos federales Jodi Linker y Tamara A. Crepet, actualizó sus argumentos para sustentar su pedido de suspensión de la extradición – o, en su defecto, una “suspensión temporal”- alegando que desde que se negó inicialmente su habeas corpus “las circunstancias han cambiado en tres aspectos”.

Ello, debido a que su extradición antes era una “posibilidad hipotética”, sin embargo, su entrega a las autoridades peruanas “ahora es una certeza” luego de que el Gobierno de Estados Unidos informó a las partes que seguirá adelante con la medida.

En segundo lugar, sostiene, las condiciones en el Perú “se han tornado considerablemente más peligrosas” para el expresidente. Ello, indica, por la situación atravesada en el caso del expresidente Pedro Castillo -vacado de su cargo y actualmente cumpliendo prisión preventiva- lo que ha generado diversas protestas en el Perú país.

“Las condiciones en Perú se han vuelto considerablemente más peligrosas. La destitución del presidente Pedro Castillo ha resultado en una declaración prolongada de Estado de Emergencia; la suspensión de derechos constitucionales cruciales; y protestas violentas, acompañadas de respuestas aún más violentas de la policía”, alegó Toledo a través de sus abogados.

Además, alegan que Toledo “sufrirá un daño irreparable” a su condición, además de los problemas de salud que padece, su edad (76 años) y, las “condiciones penitenciarias deficientes en el Perú y la inestabilidad política del Perú”.

Argumentan también que la Secretaría de Estado de EE.UU. ha confirmado que “es práctica habitual de los Estados Unidos entregar a un fugitivo al país solicitante tan pronto como sea posible después de que el Secretario haya emitido una orden de entrega”.

En otro argumento, cuestionan que el Departamento de Estado no haya condicionado la extradición de Toledo a las autoridades peruanas, con la promesa de que el expresidente no muera en prisión a la espera de un juicio.

“Desde la destitución del (ex) presidente Castillo, el país ha estado en Estado de Emergencia, lo que resultó en la ‘suspensión de varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad de tránsito, la libertad de reunión y el derecho a la privacidad en el hogar’”, reiteraron.

No hay orden de enjuiciamiento

Otro aspecto cuestionado por Toledo, a través de sus abogados públicos federales, es el procedimiento judicial que sigue el caso del exmandatario en el Perú.

Explican que un informe emitido por el Noveno Circuito contiene una importante concesión. Y es que, aseguran que en su escrito de respuesta, el gobierno norteamericano reconoce que “el sustantivo ‘cargo’ significa ‘[una] acusación formal de un delito’”.

No obstante, el juez del Norte de California Thomas S. Hixson que “certificó” la extradición en la vía judicial, indicó que en el Perú, el único documento formal de acusación es la “orden de acusación”.

“Es indiscutible que no se ha emitido ninguna orden de enjuiciamiento en este caso. Con base en esta concesión del gobierno, el Dr. Toledo afirma respetuosamente que ha presentado un caso sustancial de reparación en cuanto al fondo”, solicitaron.

Por ello, explicaron, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito programó el caso de Toledo para escuchar sus argumentos orales el próximo 6 de marzo de 2023.

Precisaron que dicho tribunal, ha determinado que la apelación de Toledo “es digna de argumentación y lo suficientemente compleja” para ser escuchado por el tribunal.

“Por todas las razones antes expuestas, el doctor Toledo respetuosamente solicita que este Tribunal suspenda su extradición hasta que se resuelva su apelación. Alternativamente, el doctor Toledo solicita que el Tribunal conceda una breve suspensión para permitirle solicitar una suspensión en el Noveno Circuito”, concluyó el pedido.

Extradición cumple obligaciones legales

Este Diario también accedió al documento del Departamento de Estado de EE.UU. en el que comunica a las partes la decisión del Secretario de Estado para proceder con la extradición de Toledo Manrique.

El documento, enviado a las partes, señala que la decisión se adoptó luego de revisar todos los documentos presentados y emitidos en dicho país sobre el proceso encausado contra el exmandatario.

“Luego de una revisión de toda la información pertinente, incluidos todos los materiales y adicionales presentados directamente al Departamento de Estado en nombre del señor Toledo, así como los materiales y archivos presentados en el Tribunal del Distrito Norte de California y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito a favor del señor Toledo, información sobre la situación actual del Perú y otra información relevante, el 21 de febrero de 2023, el Vicesecretario de Estado resolvió autorizar la entrega del señor Toledo al Perú”

Departamento de Estado de Estados Unidos

La extradición, agregan, se concretará de conformidad con 18 USC 3186 y el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la República del Perú, suscrito el 26 de julio de 2001.

Además, el gobierno de EE.UU precisó que para llegar a la decisión de extraditar a una persona, en cualquier caso, el Departamento de Estado “considera cuidadosa y minuciosamente” todos los reclamos presentados y toma las medidas adecuadas para resolver las inquietudes identificadas.

“Confirmo que el Departamento así lo hizo en este caso, y confirmo además que la decisión de entregar al señor Toledo al Perú cumple con las obligaciones legales nacionales e internacionales de los Estados Unidos”, concluyeron.

Documento oficial está firmado por Oliver M. Lewis, Asesor Jurídico Adjunto para Aplicación de la Ley e Inteligencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La Oficina del Asesor Legal para el Cumplimiento de la Ley e Inteligencia (L/LEI) es responsable de brindar asesoramiento legal al Departamento sobre asuntos de cumplimiento de la ley internacional y administrar las responsabilidades del Departamento en casos de extradición internacional.

Este es el documento con el que el Departamento de Estado de EE.UU, informa a las partes que decidió extraditar a Alejandro Toledo: