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La semana pasada, cuando todavía pendulaba sobre las cabezas de sus funcionarios el ultimátum dado por el alcalde Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla (62), la empresa Rutas de Lima advirtió a través de un comunicado público que la actitud edil tendría ‘consecuencias negativas’.
El consorcio multinacional encabezado por Odebrecht informó que, si la organización acataba lo definido por la Municipalidad de Lima, ‘tendrá que destinar recursos públicos para afrontar el pago de las distintas compensaciones y resarcimientos establecidos en el contrato de concesión’.
