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La situación del fujimorismo está caliente, luego que el sector de Keiko Fujimori que integra la Comisión de Justicia del Congreso, decidió mandar al archivo el proyecto de ley de Roberto Vieira, que planteaba que presos mayores de edad y con enfermedades graves puedan cumplir sus condenas en sus casas, el que hubiera beneficiado al condenado ex mandatario Alberto Fujimori.
“Esa decisión fue una orden de Keiko Fujimori, la bancada, ni tampoco ningún congresista da un paso de esta naturaleza, sin haber contado con su aprobación”, aseguró a este diario una fuente de la bancada naranja.
La tensión sobre este tema se ha agudizado debido a que la decisión de los parlamentarios de Fuerza Popular, se tomó minutos después que Kenji Fujimori abandonó la comisión parlamentaria, demandando a su partido que “luche por libertad” del ex mandatario.
“Es evidente que no quiere que salga su padre porque sabe que un indulto es casi imposible que lo de Pedro Pablo Kuczynski”, señaló otro de los consultados por este diario.
Por más que legisladores como Héctor Becerril nieguen que exista un fraccionamiento en la agrupación por el tema Alberto Fujimori, lo cierto es que Vieira, indicó que por lo menos 30 parlamentarios naranjas le habían expresado respaldar la modificación normativa si llegaba al pleno del Congreso.
Por lo que se nos ha informado, es muy difícil que aquellos que buscan la libertad de Fujimori se pronuncien en estos instantes, sin embargo ya se advierten de dos momentos en los que estarían dispuestos a ya no ocultar su incomodidad.
La primera, en el mes de julio, cuando se realice el reparto de comisiones, muchos legisladores del interior del país ya no están dispuestos a que la presidencia de las comisiones se la repartan en una argolla con la venia de Keiko Fujimori.
“Si bien la división se hace en base a elecciones internas, es sabido que antes de producirse la argolla de Keiko se reúne y entre ellos deciden a quien le corresponde y eso lo plazman en votos”, indicó otro indignado.
La segunda etapa llegaría con la demanda de inconstitucionalidad presentada en el TC contra la ley que les impide a los disidentes de un partido poder formar otra agrupación en el parlamento. Si bien ellos no la formaron, saben que el beneficio les alcanzará si el máximo intérprete de la Constitución decide que la norma transgrede la norma.
