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La jueza Stephanie García del principado de Andorra ordenó mantener congeladas 30 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y una en el Credit Andorra, con un saldo total de 52,2 millones de euros (51 millones de dólares) que forma parte de la trama de corrupción de Odebrecht en América Latina. El diario español El País ha informado que una parte de ese dinero, 2,9 millones de dólares, están vinculadas a funcionarios y testaferros que ejercieron durante el segundo mandato de Alan García (2006-2011).
