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A las 8:00 de la noche del jueves 15 de diciembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley formalizó lo que era un secreto a voces: que el vacado presidente José Pedro Castillo Terrones (53) quedaba sometido a una carcelería preventiva de 18 meses por su descalabrado golpe de Estado.
Castillo- natural de la localidad chotana de Puña- estaba siguiendo la audiencia en la oficina que improvisó unos días antes en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate, donde se sentía evidentemente incómodo pues era vecino del ex presidente Alberto Kenya Fujimori Inamoto (84).
Hasta ese momento, el vacado mandatario estaba recluido en un ambiente de unos 12 metros cuadrados, donde funcionaba la oficina del ex jefe de la Diroes, coronel PNP Percy Tenorio Gamonal: una habitación con dos ambientes, una cama, una mesa de madera y dos sillas.
