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La procuradora ad hoc, Katherine Ampuero, alertó que Jorge Barata, ex mandamás de Odebrecht en el Perú, podría salir libre de polvo y paja de la investigación que se le sigue por la coima $20 millones entregada al ex presidente Alejandro Toledo a cambio de la carretera Interoceánica Sur.
Por consiguiente, José Graña Miro Quesada, ex máximo representante de Graña y Montero, así como los demás miembros del consorcio que formaron, como JJ Contratistas S.A., también quedarían librados de toda investigación.
Hace unos días, Barata presentó un recurso de excepción de prescripción ante el despacho del juez de investigación preparatoria Richard Concepción para que se archive la investigación que se le sigue por el mencionado delito.
La procuradora Ampuero ha explicado que se corre el riesgo de que el pedido de Barata, hoy colaborador eficaz, sea a su favor debido a que el fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato, estableció que el último pago de la coima que entregó Odebrecht a Toledo fue en el 2010. “El delito de tráfico de influencias es por seis años. Es decir, vence en 2016”, aseveró.
En ese escenario, Ampuero teme que las medidas cautelares que solicitó la Procuraduría ad hoc para asegurar el pago de la reparación civil pierdan efecto. “Eso significa que el investigado Barata, nuevamente, tendrá libre disponibilidad de sus departamentos, estacionamientos y vehículos que ascienden a más de un millón de dólares. Podría salir libre de polvo y paja”, sostuvo.
La defensora del Estado dijo que le preocupa que personas naturales como jurídicas que están implicadas en casos de corrupción se desprendan de sus bienes y perjudiquen el pago de la reparación civil del Estado, porque mientras no tengan la calidad de investigados, la Procuraduría no puede tomar acciones legales para garantizar medidas de embargos e inhibiciones.
“Es muy importante que el Estado sea resarcido económicamente por los daños ocasionados por Odebrecht (corrupción y lavado de activos)”, sostuvo.
En esa línea, la abogada lamentó que la Fiscalía haya rechazado el pedido de ampliar la investigación a Barata por el delito de colusión agravada por el caso de la licitación pública de la Línea 1, tramo 1 y 2, del Metro de Lima.
“El delito de colusión desleal es mucho más grave que el de tráfico de influencias y tiene penas más altas. Incluso se podría hablar de un concurso real de delitos. Si hubiese prosperado mi pedido por el tema del Metro de Lima, la situación judicial de Barata sería más compleja”, refirió.
Ampuero explicó que si se declarara fundada la prescripción, el pedido de incorporar a Odebrecht como tercero civil responsable no procedería porque la solicitud está vinculada a él, porque esta persona actuó en representación de la firma, pagando sobornos, para ser beneficiados con las licitaciones.
