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En los últimos 15 años el sistema penitenciario ha sido declarado cuatro veces en emergencia con la finalidad de lograr el deshacinamiento, pero pese a ello el efecto ha sido contrario, ya que la población penitenciaria se incrementó de manera sostenida en ese tiempo en alrededor de 51,000 internos, afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda.
Respecto a la declaración de la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento de los penales hecho por el Tribunal Constitucional, el ministro dijo que su sector coincide con lo que afirma en la parte resolutiva el TC, y es que existen obligaciones expresas en relación a todos los poderes públicos y no solo al Poder Ejecutivo.
Citó al Poder Legislativo por ser el encargado de elaborar las normas, el que establece en el marco de todas las conductas sociales, cuáles ameritan una persecución penal y, además, establece cuáles son las penas y quiénes son los internos que tienen o no beneficios penitenciarios, lo que impacta directamente en el nivel de hacinamiento en las cárceles.
Mencionó también al Poder Judicial, que es el que interpreta y aplica las normas que da el Congreso de la República y el que decide, con determinados criterios, cuál es el nivel de utilización de las prisiones preventivas en nuestro país. En ese sentido -dijo- sería importante que ese poder del Estado haga una reflexión sobre el tema.
Castañeda citó también al propio TC, que a través de los habeas corpus contra resoluciones judiciales, podría pronunciarse en relación a los niveles de hacinamiento como lo ha hecho en esta sentencia. Y También mencionó al Poder Ejecutivo, pues es quien administra y ejecuta la pena.
