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Una vez más el tiempo nos dio la razón. Fuimos los primeros en denunciar la posibilidad de un pacto tácito entre legisladores con serias investigaciones y denuncias fiscales, que habrían negociado sus votos para agendar la investigación a la Junta Nacional de Justicia a cambio de impunidad en sus procesos. Por todo ello, el Ministerio Público ha incluido en las investigaciones que realiza a la suspendida fiscal Patricia Benavides, a 10 legisladores y el presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto Reyes. Este hecho ha sido titular mayor en los principales medios de comunicación del país.
La hipótesis fiscal se inclinaría por ofrecimientos que al menos 11 congresistas, de distintas bancadas habrían recibido de los exasesores de la suspendida fiscal a cambio de impunidad por votos en el Legislativo.
Las diligencias preliminares, iniciadas el 8 de enero, están a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, liderada por la fiscal suprema Delia Espinoza.
Ha trascendido que el documento señala que los colaboradores de Benavides “hacían llegar la disposición de ‘apoyar’ a los parlamentarios en las investigaciones que pesaban sobre ellos (…) a cambio de que los mismos votaran en favor o en el sentido que los diferentes temas que eran de interés de la organización”.
Entre los implicados se encuentran Congresistas de todas las vertientes. Según el documento, ni el titular del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), queda fuera.
De acuerdo al testimonio de Jaime Villanueva, según Latina, “por encargo de la (ex)fiscal de la Nación, (se) le pide (a Soto) que agende la moción de orden del día para la remoción de los integrantes de la JNJ, de agosto de 2023, porque era necesario que se neutralicen las investigaciones que le tiene la JNJ a la fiscal de la Nación”.
Al respecto, Soto salió al frente para calificar de “falsas informaciones” lo señalado por la Fiscalía. “La moción (…) fue añadida a la agenda del Pleno el 4 de setiembre del 2023 por decisión del Consejo Directivo. No es facultad de la presidencia del Congreso agendar mociones de orden del día”, argumentó.
Lo concreto es que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, deberá rendir el 12 y 13 de febrero su declaración testimonial en el marco de la investigación preliminar que se le sigue a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, tras haber sido sindicada de encabezar una organización criminal que habría coordinado la emisión de votos de legisladores en temas de su interés a cambio de archivar investigaciones seguidas a los parlamentarios en el Ministerio Público.
Así lo determinó la fiscal suprema Delia Espinoza, al disponer que estos interrogatorios se lleven a cabo a las 11:08 a.m., respectivamente, dejando en potestad de Soto Reyes la elección del lugar en el que se llevarán a cabo estas diligencias reservadas.
El titular del Legislativo deberá atestiguar respecto a la moción de orden del día número 7565 de la Subcomisión de Denuncias Constitucionales del Congreso de la República entre otros temas de utilidad para esclarecer los hechos que materia de esta investigación preliminar.
La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acudirá a la citación fiscal para rendir su declaración indagatoria entre los días 25 y 26 de enero, en el marco de la investigación que afronta por supuestamente liderar una organización criminal en el Ministerio Público con nexos en el Congreso. Así lo confirmó esta noche su abogado, Juan Peña.
Como se recordará el 8 de enero, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, inició las diligencias preliminares contra Benavides, por los presuntos delitos de organización criminal, corrupción, entre otros.
El plazo inicial establecido para las referidas diligencias es de seis meses y comprende también los delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y real.
En un oficio se lee que la primera citación fue fijada para este jueves 25, a partir de las 3 p.m.; y una segunda para el viernes 26, desde las 11 a.m.
La extitular del Ministerio Público puede escoger si la declaración se toma en el domicilio que fije o en su despacho. En caso de no presentarse a las citaciones, será obligada a comparecer compulsivamente por la fuerza pública, según se lee en el texto.
Entonces para finales de febrero el panorama tras la presunta red de corrupción, que habría funcionado durante el ejercicio de la suspendida fiscal Benavides, quedaría oficialmente en evidencia y el camino quedaría allanado para que en el mes de marzo el Congreso de la República, en su primera legislatura, tome al toro por las astas y resuelva sobre la Junta Nacional de Justicia y y vea la manera de ordenar y limpiar su casa, todo ello bajo una premisa idealista y positiva. Lo más probable es que se mantenga en sus en su lema, que ya casi es una ley : Otorongo no come otorongo.
Quien estaría pasando piola hasta el momento, es doña Dina Boluarte cuyos pronunciamientos han sido menos que tibios ante el escándalo producido en la gestión de Patricia Benavides. Actitud que ha despertado suspicacias a tirios y troyanos. ¿Será que la presidenta tiene rabo de paja y no quiere acercarse a la fogata para no salir chamuscada? … Tiempo al tiempo. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
