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La Corte Suprema de Brasil autorizó investigar a 9 ministros del gabinete del presidente Michel Temer y a 71 congresistas por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción destapado en el seno de la petrolera estatal Petrobras.
Además, el Tribunal Supremo autorizó también investigar a tres gobernadores, un magistrado del Tribunal de Cuentas de la Unión y otros 24 políticos y autoridades.
El magistrado Edson Fachin, uno de los once miembros del Tribunal Supremo, dio luz verde así a los pedidos de la Fiscalía para abrir investigaciones contra autoridades con fuero privilegiado a partir de los testimonios de 77 exdirectivos del grupo Odebrecht, una de las compañías implicadas en la trama corrupta, en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia.
Los nueve ministros que serán objeto de la investigación son: Eliseu Padilha, de la Presidencia; Wellington Moreira Franco, de la Secretaria General; Gilberto Kassab, de Ciencia y Tecnología; Helder Barbalho, de Integración Nacional; Aloysio Nunes, de Relaciones Exteriores; Blairo Maggi, de Agricultura; Bruno Araújo, de Ciudades; Roberto Freire, de Cultura; y Marcos Pereira, de Industria.
Entre los congresistas contra quienes fueron autorizadas la apertura de investigaciones figuran el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, que pertenece al partido Demócratas (DEM), que integra la coalición de Gobierno, así como el presidente del Senado, Eunício Oliveira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación liderada por Temer.
Los senadores Aécio Neves, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales de 2014, y Romero Jucá, presidente del PMDB, son los políticos con mayor número de investigaciones que serán abiertas, con cinco cada uno.
Les siguen, con cuatro, el expresidente del Senado Renan Calheiros, también de la formación a la que pertenece el presidente brasileño.
Los delitos más frecuentes citados por los delatores de Odebrecht son los de “corrupción pasiva, corrupción activa, lavado de dinero y falsedad ideológica”, y también se describe la supuesta “formación de un cartel” y “fraude en licitaciones”.
