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Investigadores no lograron establecer cuál fue el destino de los 43 estudiantes mexicanos.
Expertos internacionales señalaron que no lograron establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en 2014 en México debido en gran medida a fallas y demoras de las autoridades, al tiempo que expusieron más irregularidades de la investigación.
El llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final tras 14 meses de dar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) debido a los problemas para resolver un caso que dejó en evidencia las grietas del sistema de justicia y la crisis de derechos humanos que vive el país.
En el informe final de su investigación, los expertos denunciaron obstáculos tales como que no pudieron volver a entrevistar a detenidos, obtener declaraciones de líderes políticos ni ex altos funcionarios o que la fiscalía ahondara en líneas de investigación que le propusieron.
"El no suministro de información por parte de las autoridades y por las entidades de gobierno puede generar en términos claves y categóricos una posible obstrucción de información", dijo la ex fiscal colombiana Angela Buitrago, parte del grupo que no seguirá trabajando en el caso porque el Gobierno mexicano dijo que su participación ya no es necesaria.
Esas dificultades "no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales", señalaron en el informe, sugiriendo que no hubo voluntad política del Gobierno de Enrique Peña Nieto para avanzar en las investigaciones. “¡No se vayan, no se vayan!", coreaban familiares de los desaparecidos durante la presentación del reporte, al que acudieron más de mil personas.
No llegaron al evento representantes del Gobierno pero el presidente Enrique Peña Nieto agradeció en su cuenta de Twitter las recomendaciones del grupo y dijo que la fiscalía analizará el informe y "seguirá trabajando para que haya justicia".
Los expertos advirtieron que varios cuerpos policiales, como la Policía Federal, policías del estado de Guerrero y distintos municipales pudieron tener participación en los ataques, que habrían abarcado un amplio radio de acción más allá de la ciudad de Iguala, donde comenzó cuando los jóvenes llegaron a tomar autobuses para participar en una protesta.
