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Una demanda al Estado peruano por 310 millones de dólares ante el Centro Internacional de Controversias (Ciadi), presentó el concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima. Dicho consorcio alega que el Ministerio de Transportes faltó a los plazos.
“Se presentó el pasado 16 de enero de 2017 una solicitud de arbitraje (…) por el incumplimiento grave (…) del contrato”, informó la española ACS a la supervisora de mercados de valores en España, CNMV.
ACS es la matriz de Iridium, que tiene el 25% del consorcio. Otros socios son Cosapi, FCC, Impregilo y Ansaldo Breda.
Según ACS, el Perú cometió una infracción al no entregar el área de la concesión en los plazos y condiciones establecidos, y por “la falta de aprobación y aprobación tardía de los Estudios de Ingeniería de Detalle”.
El grupo económico pide una indemnización de perjuicio “pendiente de cálculo pero superior a 30 millones”. Además, estima “daños contingentes potenciales” de 280 millones.
Una alta fuente del Ejecutivo resaltó que “el Estado se defenderá” y reconoció faltas de ambas partas. “El Gobierno anterior no cumplió con entregar varios terrenos. Pero la empresa no cumplió con que les aprueben el diseño de las estaciones y anda demorado. El nuevo Gobierno busca dar las condiciones pero no permitirá cambios en el proyecto que no se justifiquen”, dijo.
El congresista frenteamplista Jorge Castro, vicepresidente de la comisión Lava Jato, consideró que esta sería otra concesión sin estudios para ampliar pagos con arbitrajes. “Debemos ver esto también en nuestra investigación”, anotó.
