MENU
La presidenta del Grupo de Trabajo de la Reforma Electoral, Patricia Donayre (Fuerza Popular), va a poner en discusión una medida bastante polémica: abrir la posibilidad de vacar al presidente de la República en caso de que este no cumpla con lo ofrecido en su plan de gobierno.
En la sesión de ayer se aprobó –por iniciativa de Mario Canzio (Frente Amplio)– que en campaña electoral los candidatos presenten sus “lineamientos de gobierno”, es decir un esquema preliminar de lo que harían de llegar al poder.
Una vez electo, con toda la información disponible de los diversos sectores, el nuevo presidente recién presentaría un plan de gobierno oficial, el cual juraría cumplir. Esto para evitar falsas expectativas entre los ciudadanos.
Para Donayre, el incumplimiento de dichos compromisos debería ser causal suficiente para la vacancia presidencial. De ser aceptada esta idea en el grupo de trabajo, tendría que ser refrendada en el Pleno. Se necesitaría, además, una reforma constitucional.
La Constitución establece una serie de causales de vacancia presidencial, entre ellas la incapacidad moral o física (declarada por el Congreso).
Un problema es que en los cinco años que dura un gobierno ocurren muchas cosas. La ejecución de un plan de gobierno no solo depende de la buena voluntad del gobernante de turno, sino de factores que no controla, como la marcha de la economía mundial o desastres naturales.
Consultada Donayre sobre si su propuesta no era peligrosa porque abriría demasiado la puerta hacia procesos de vacancia injustificados, respondió: “Con las causales en la Constitución, como la incapacidad moral, ya podríamos tener la puerta para muchas cosas. Es lamentable pero es así: la incapacidad moral no está definida claramente. La mía es una propuesta sobre la mesa. Cualquier ciudadano se siente estafado si el plan de gobierno no se cumple. Es mi propuesta. Así que, por favor, no pongas como titular que se vacará al presidente que no cumpla con su plan de gobierno. Es una propuesta”.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo de la Reforma Electoral acordó que las organizaciones políticas solo recibirán financiamiento público y de personas naturales. Esto es, las empresas estarán imposibilitadas de aportar dinero.
