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Tener entrampado al gobierno y amenazar al país con ponerlo en un estado de ingobernabilidad no le basta al partido Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori, sino que quiere obtener el control del Tribunal Constitucional (TC), máximo organismo de defensa constitucional del país. Y aspira a ello tratando de destituir a cinco de sus miembros mediante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside la fujimorista Karina Beteta, la cual aprobó en días pasados por mayoría los informes de calificación de 11 denuncias constitucionales contra diversas autoridades, entre ellas las de los magistrados del TC. La intención final sería la de reemplazarlos mediante su mayoría parlamentaria con personajes adeptos y propensos a sus propósitos políticos para obtener la liberación de su líder fundador el ex presidente Alberto Fujimori, así como no permitir que el Tribunal Constitucional ponga freno a la ley antitranfuguismo, la cual ha sido elaborada y pensada en no permitir que los continuos disidentes de la bancada naranja puedan fortalecer otros grupos políticos parlamentarios e impedir que pongan en peligro su preeminencia en el Congreso.
Antecedentes
La decisión del grupo congresal que preside la fujimorista Beteta ya era cantada. Hace un mes se advirtió que el fujimorismo podría utilizar su mayoría para alterar la composición del máximo organismo jurisdiccional con el fin de lograr la libertad del ex presidente Alberto Fujimori.
La demanda está dirigida contra los magistrados Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña. Un grupo de ex marinos del Caso El Frontón los acusa de infracción constitucional, prevaricato y delito de función, al haber dejado sin efecto una resolución anterior del TC que señalaba que la matanza ocurrida durante el gobierno de Alan García no era delito de lesa humanidad. Un hecho que estaría pasando desapercibido es que también se ha admitido a trámite una denuncia contra Óscar Urviola Hani, otro miembro del TC.
Habiendo prosperado el informe de calificación, el fujimorismo tiene la mayoría para aprobar el informe definitivo y para que este pase a la Comisión Permanente, donde también la bancada naranja suele imponerse. Esto significaría la destitución de los cinco magistrados, con lo que se abriría la posibilidad para el fujimorismo de nombrar a jueces afines.
Venganza Política
De prosperar las intenciones del partido naranja la libertad del Tribunal Constitucional para pronunciarse en los temas que llegan a su conocimiento podría estar en peligro. La sombra de venganza política podría estar detrás de la destitución de tres de estos magistrados que en 1997 se pronunciaron contra la re-reelección de Alberto Fujimori.
El Partido Fuerza Popular buscaría alterar el pensamiento y la composición del TC para obtener primero o en paralelo, la libertad del ex presidente Alberto Fujimori, en caso el presidente Pedro Pablo Kuczynski decida no otorgarle el indulto y luego un pronunciamiento contra la ley que impide a los parlamentarios que salen de su bancada integrar otro grupo con la intención de mantener su poder en el parlamento.
Destitución
Si la denuncia prospera, se procedería a la destitución de estos cinco magistrados y posteriormente a nombrarse nuevos juristas. Lo mejor hubiera sido abstenerse de iniciar una investigación hasta después de que salga el pronunciamiento sobre la Ley Antitransfuguismo. Se podría repetir la historia del año 98, cuando el fujimorismo destituyó a los magistrados que se pronunciaron contra la ley que permitía la tercera reelección consecutiva de Alberto Fujimori. Este tipo de maniobras políticas es inaceptable y debe ser rechazado por estamentos defensores de la democracia y por la opinión pública en general. Hasta mañana mis amigos de Primera.
