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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló dos audiencias presenciales en materia penal, tal como lo dispuso el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, liderado por la doctora Elvia Barrios Alvarado, como una de las medidas para la reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio convirtiéndose así, en la primera Corte a nivel nacional en dar cumplimiento a esa disposición.
Fue el magistrado José David Bautista Romero, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la subsede de Cutervo, quien –en conformidad con esta medida- citó a las partes procesales para instalar la audienciaspor los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de una fémina y de incumplimiento de obligación alimentaria en contra de una menor de edad, tipificados en los artículos 124° y 149° del Código Penal peruano, respectivamente; bajo laincoación de proceso inmediato, las cuales se realizaron aproximadamente en quince minutos.
El titular de la Corte, Juan Riquelme Guillermo Piscoya, calificó de exitoso el reinicio de las audiencias presenciales en este distrito judicial a favor de los usuarios. “Vamos a desarrollar más audiencias de manera presencial, sin perjuicio de resguardar la salud e integridad tanto de los involucrados como de los magistrados y personal jurisdiccional. La intención es retornar a la normalidad en la prestación del servicio de administración de justicia en nuestra institución”, manifestó.
Como se recuerda, el presidente Guillermo Piscoya estableció –mediante Resolución Administrativa nro. 913-2021- que los magistrados penales de las diferentes instancias y niveles den cumplimiento a la resolución emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en la que se dispuso el desarrollo de audiencias presenciales y en el caso específico del Distrito Judicial de Lambayeque, la realización en materia penal de juicios orales, juicios de apelación con actividad probatoria y prisiones preventivas de imputados en libertad, con la finalidad de reingresar progresivamente a la normalidad en las labores judiciales, respetando el aforo permitido y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad pertinentes.
