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El escándalo del uso y recarga de celulares dentro del Penal de Lurigancho motivaron que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo declarara en emergencia durante 60 días.
Julio Magán, jefe de la institución, manifestó que en este tiempo no podrá ingresar ni un interno más al penal hasta que se haga una "limpieza total" de todas las irregularidades.
A lo largo de la noche del sábado y madrugada del domingo, 800 agentes penitenciarios y de la Policía Nacional realizaron una requisa que culminó con el hallazgo de más de 200 teléfonos móviles, hands free, chips, televisores, conexiones de cable e inclusive armas blancas.
También se incautó más de mil litros de chicha que los internos habían preparado para festejar hoy el Día del Trabajo con sus familiares, durante la jornada dominical de visitas.
Las operaciones inopinadas continuarán en todos los pabellones del penal de Lurigancho y en todos los centros de reclusión del país.
Magán también indicó que los internos identificados en los videos haciendo las recargas fueron trasladados al penal de Chincha.
Al respecto, el Ministerio de Justicia instó a la empresa Prisontec, encargada de la instalación de bloqueadores de teléfonos celulares en 33 penales del país, a cumplir ese objetivo al 100%.
“Está documentado que la empresa pretende rebajar sus costos a costa de los intereses del Estado. Originalmente, los equipos telefónicos en los penales de Cañete y Huaral costaban por unidad 388 dólares, y ahora están instalando teléfonos que cuestan 130 dólares”, subrayó el viceministro de Justicia, Roger Rodríguez Santander.
Remarcó que si la empresa levanta las observaciones, demuestra que actúa de buena fe y cumple con los estándares mínimos previstos en el contrato, la supervisión dará su conformidad, y no se verá obligado a imponer penalidades, como se ha hecho ahora.
Finalmente, anunció que el próximo martes en el Congreso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos acreditará con documentos esta situación.
Según la información de la última semana, entre el Minjus, el Ministerio del Interior y Proinversión se ha estado perjudicando el proceso, al no elaborarse a tiempo los estudios técnicos especializados.
