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La Defensoría del Pueblo recomendó una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y establecer las sanciones a las que hubiera lugar en torno a los hechos ocurridos en la liberación de los miembros de la banda de “marcas” denominada “Rápidos y Furiosos”.
A través de un pronunciamiento, la institución a cargo interinamente por Eduardo Vega, expresó su preocupación porque, pese a los esfuerzos que se han venido realizando, “aún subsisten graves dificultades para la actuación conjunta de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, las mismas que impactan negativamente en la lucha frontal contra el crimen y la inseguridad ciudadana”.
En torno a ello recomendó que las oficinas de control de las entidades mencionadas intensifiquen sus labores de fiscalización para mejorar su actuación y se prevengan situaciones que perjudiquen la correcta administración de justicia.
Pone énfasis también en que se debe poner especial atención en la optimización de las investigaciones y en la conservación de las pruebas del delito, así como contar con mecanismos que aseguren la adecuada recepción de denuncias, entre otras.
En el documento, la defensoría considera que las explicaciones del general Máximo Ramírez, Director de Defensa Legal de la Policía Nacional y de la fiscal Carmen Inés Gonzales Gonzales, de la Octava Fiscalía Penal de Lima Norte, revelan el nivel de descoordinación existente entre las instituciones que tienen competencia para combatir el delito y la inseguridad ciudadana.
