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La exfiscal de la Nación cuestiona la proporcionalidad de la sanción, anuncia recursos ante la Corte Suprema y no descarta acudir a instancias internacionales si es necesario.
La fiscal suprema y suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que presentará una acción de amparo para dejar sin efecto la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública que le impuso el Congreso de la República. La medida parlamentaria, aprobada el 3 de diciembre mediante la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR, la responsabiliza por supuestamente contravenir la Ley 32130 a través de un reglamento del Ministerio Público. Espinoza sostiene que no participó en la elaboración ni aprobación de dicho reglamento y que el procedimiento congresal vulneró su derecho a la defensa.
Antecedentes: una inhabilitación vinculada a la Ley 32130
El Pleno del Congreso aprobó la inhabilitación de Espinoza por diez años, atribuyéndole la infracción del artículo único de la Ley 32130, norma que modificó el Código Procesal Penal para reforzar la conducción de la investigación preliminar por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según el informe acusatorio, un reglamento del Ministerio Público emitido en octubre de 2024 habría “desacatado” dicha ley al ampliar las facultades de los fiscales en la etapa preliminar.
La norma cuestionada, el Reglamento de actuación fiscal en la investigación del delito, fue aprobada durante la gestión del entonces fiscal de la Nación en funciones, Juan Carlos Villena, con el objetivo de uniformizar la coordinación entre fiscales y policía. Espinoza afirma que no participó en su elaboración y que esa atribución corresponde exclusivamente al titular del Ministerio Público, posición que respalda en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2246-2024-MP-FN, donde —según su defensa— no figura su firma.
La denuncia constitucional del Congreso alcanzaba también a otros fiscales supremos, entre ellos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Sin embargo, el Pleno solo aprobó la inhabilitación de Espinoza, ya que no se obtuvieron los votos necesarios para sancionar a los demás magistrados.
Argumentos de Espinoza: falta de debido proceso y derecho a la defensa
En conferencia de prensa, Delia Espinoza adelantó que interpondrá una acción de amparo contra la decisión del Congreso, al considerar que la inhabilitación es “cuestionada” y se dictó sin garantías plenas de debido proceso. La exfiscal de la Nación sostiene que el Parlamento “no valoró las pruebas materiales” que habría presentado para acreditar que no intervino en la aprobación del reglamento vinculado a la Ley 32130.
La magistrada recordó que, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la transmisión —que debía ser pública— fue interrumpida mientras su entonces defensor, el constitucionalista Samuel Abad, exponía sus alegatos. Según Espinoza, este episodio constituye una afectación a la publicidad de la audiencia y a su derecho de defensa.
“Esto amerita una acción de amparo. Tarde o temprano, a pesar de los atropellos que estoy sufriendo, volveré”, declaró, al insistir en que la acusación en su contra se basa en una interpretación errónea de las competencias de la Junta de Fiscales Supremos y del fiscal de la Nación respecto a la emisión de reglamentos internos.
Denuncias contra congresistas por presuntas infracciones constitucionales
Además del amparo, Espinoza anunció que presentará denuncias contra congresistas a quienes atribuye presuntas infracciones a la Constitución Política. A su juicio, varios parlamentarios que votaron su inhabilitación debieron haberse abstenido por ser investigados por el propio Ministerio Público, lo que, según su defensa, vulnera el deber de imparcialidad.
La fiscal sostiene que el mensaje político hacia los funcionarios públicos es claro: “o te sometes o te vas”. Esta afirmación se enmarca en un contexto más amplio de tensión entre el Congreso y órganos autónomos como el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, en el que distintas organizaciones especializadas han advertido riesgos para la independencia institucional y la lucha contra el crimen organizado.
La ruta del amparo: efectos de la Ley 32153 sobre procesos contra el Congreso
El abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, explicó que la acción de amparo deberá tramitarse bajo las reglas introducidas por la Ley 32153, que modificó el Nuevo Código Procesal Constitucional y estableció un procedimiento especial para demandas que cuestionan atribuciones del Congreso. De acuerdo con esta norma, las acciones de amparo contra decisiones del Parlamento se presentan ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema y deben resolverse en dos instancias dentro de la propia judicatura suprema.
En la práctica, ello significa que, incluso si en primera instancia la Sala Constitucional falla a favor de Espinoza y declara fundada la demanda, el Congreso podrá apelar y la inhabilitada fiscal no podría retornar al Ministerio Público hasta que se dicte sentencia firme en segunda instancia por la Sala Constitucional y Social. Pérez advirtió que este diseño procesal puede prolongar la vigencia de la sanción durante varios meses.
El abogado calificó la modificación del Código Procesal Constitucional como un mecanismo que “extiende los tiempos de control” sobre los actos del Congreso y sostuvo que, según el derecho interno y los precedentes existentes, la Sala debería fallar a favor de su patrocinada. En caso contrario, adelantó que evalúan acudir a instancias internacionales de protección de derechos humanos.
Críticas al Congreso y al diseño de la sanción
Tanto Espinoza como su defensa han cuestionado la proporcionalidad de la inhabilitación por diez años, máxima sanción política prevista por la Constitución. Para Pérez, la decisión del Parlamento es “antijurídica” y “ausente de lógica jurídica”, al no existir —según su criterio— sustento suficiente para impedirle ejercer cualquier función pública durante una década.
El abogado señaló también que congresistas como Jorge Montoya y Eduardo Salhuana no han explicado de manera consistente, ante la opinión pública, los motivos concretos de la sanción más allá de que Espinoza impulsó investigaciones contra legisladores. Desde esta perspectiva, la defensa sostiene que la inhabilitación responde a una reacción frente a su actuación como fiscal de la Nación y no a un incumplimiento real de la Ley 32130.
Por su parte, el Congreso ha defendido la medida señalando que Espinoza habría desacatado una ley vigente y vulnerado el orden constitucional al emitir un reglamento que, según los promotores de la acusación, limitaba el rol operativo de la PNP en las investigaciones preliminares. Esta interpretación fue reforzada después de que el Tribunal Constitucional declarara, en agosto de 2025, la constitucionalidad de la Ley 32130 al considerar que no restringe las competencias del Ministerio Público, sino que fortalece la actuación policial en la etapa preliminar.
Implicancias institucionales y escenarios posibles
La controversia en torno a la inhabilitación de Delia Espinoza se suma a otros episodios recientes de confrontación entre el Congreso y las altas autoridades de la justicia, como la anterior inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y los cuestionamientos a la Junta Nacional de Justicia. Diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch y entidades académicas locales, han advertido que el uso reiterado del juicio político y la inhabilitación contra fiscales puede afectar la independencia del Ministerio Público y la eficacia de las investigaciones sobre corrupción y crimen organizado.
En el corto plazo, el caso Espinoza continuará en sede judicial a través del amparo anunciado. Los plazos procesales establecidos por la Ley 32153 y la eventual interposición de recursos de apelación hacen prever que la definición final podría extenderse más allá de 2026. En paralelo, la decisión parlamentaria de levantar el fuero de la fiscal inhabilitada permitirá que la acusación penal en su contra —por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones— avance en el Poder Judicial.
Panorama
Por ahora, la inhabilitación por diez años y el levantamiento del fuero de Delia Espinoza se encuentran vigentes, mientras la exfiscal de la Nación prepara una acción de amparo y eventuales denuncias por presuntas infracciones constitucionales contra miembros del Congreso. El desenlace de estos procesos será clave para definir tanto su situación personal como el alcance del control judicial sobre las decisiones del Parlamento en materia de sanciones políticas a altas autoridades del sistema de justicia.
