DENUNCIA CONSTITUCIONAL

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El fiscal supremo Tomás Gálvez presentó ante el Congreso de la República una denuncia penal y constitucional contra el magistrado Pablo Sánchez Velarde, por presuntos delitos cometidos durante su accionar como fiscal de la Nación.

Sánchez Velarde investiga a Gálvez en el marco del caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto, junto con otros integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.

La notificación, dirigida al presidente del Congreso, Manuel Merino, y recibida ayer en la mesa de partes, indica que la denuncia penal es por la presunta comisión de delitos cometidos cuando ostentaba el cargo máximo de la Fiscalía de la Nación y también como fiscal supremo.

El documento señala los delitos de encubrimiento personal agravado, encubrimiento real, abuso de autoridad, patrocinio legal, colusión agravada, usurpación de funciones, revelación indebida de identidad agravada, y falsedad ideológica.

En cuanto a la denuncia por infracción constitucional, esta se basa en el incumplimiento del artículo 39 de la Constitución Política, donde se señala que “todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación”.

Como se recuerda, Pablo Sánchez Velarde realiza una investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en la que están presuntamente involucrados magistrados supremos, incluido el detenido en España César Hinostroza.

El 18 de noviembre del año pasado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impuso impedimento de salida del país por ocho meses contra el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, investigado por tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal en agravio del Estado.

Asimismo, el pasado 23 de febrero la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario inmediato contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, integrantes de la Junta de Fiscales Supremos y vinculados a las indagaciones en contra de la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto.

Ambos fiscales supremos pidieron en varias oportunidades a la Junta de Fiscales Supremos el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, que conducen las investigaciones por lavado de activos y corrupción vinculados a las empresas brasileñas.

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