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Con 11 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte pueda seguir gobernando “de manera remota” cuando se encuentre fuera del territorio nacional. Con ello se pretende darle facilidades a la mandataria para que viaje al extranjero y ejerza la presidencia a distancia, lo cual denota un comportamiento complaciente por parte del mencionado grupo de trabajo y supuestos miembros de oposición. Poniéndose en evidencia el vergonzoso pacto bajo la mesa de cogobierno entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.
El predictamen estuvo listo para su análisis 3 días después del ingreso formal del proyecto al Congreso y a menos de 24 horas de la sustentación del primer ministro, Alberto Otárola.
El texto -que incorpora el artículo 8-A en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo- establece que “de no contar con vicepresidentes en ejercicio, y de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías digitales”.
El grupo de trabajo parlamentario, presidido nada menos que por el ahora fujimorista Hernando Guerra García dio luz verde a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo para que la presidenta pueda gobernar a la distancia cuando tenga que salir del país.
Cabe señalar que el predictamen del Proyecto de Ley 4985, modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la presidencia de la República. Guerra García, salió a favor de la norma argumentando que no se contrapone con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, referido a las funciones presidenciales.
Pensar que la presidenta Dina Boluarte pueda ejercer dicho cargo de manera remota sería un pensamiento inocente y complaciente hacia los requerimientos del Ejecutivo en el que, al parecer, se han pasado por alto los aspectos técnico-práctico- legal.
Pensar en un ejercicio remoto de la Presidencia de la República en mi opinión viola el principio constitucional del ejercicio presencial. Lo que debió haber hecho el Ejecutivo es presentar un proyecto de reforma constitucional.
El proyecto de ley presentado por Boluarte, para que pueda ejercer su cargo de manera virtual, cuando se encuentre fuera del territorio nacional no es una prioridad, salvo que tenga la necesidad imperiosa de salir del país por ambiciones personales. Además, podría tratarse de algo gravísimo y anticonstitucional, que formaría parte una estrategia para dejar temporalmente la Presidencia al primer ministro Alberto Otárola.
Porque en la práctica, de aprobarse el proyecto de ley y al ausentarse del país la presidenta Boluarte, quien quedaría encargado de la presidencia sería el primer ministro Otárola, lo que iría en contra del artículo 115 de la Constitución y es algo que no puede, ni debe suceder.
Por otro lado, la presencia de Dina Boluarte, por su naturaleza de segunda vicepresidenta, no es indispensable como representante del Perú en el ámbito internacional. La obligación constitucional en este momento puede ser muy bien representada por la Cancillería. La ministra de Relaciones Exteriores ha hecho un muy buen trabajo de representación hasta el momento.
En el plano de prioridades, la mandataria tiene obligaciones más severas por las que permanecer dentro del territorio nacional, pues tiene pendiente visitar Puno, Cusco, y darles la cara a los sectores reclamantes de la población. Estas zonas que han estado en conflicto siguen siendo una herida abierta en el país y requieren su especial atención.
Siendo objetivos este es un proyecto de ley que no soluciona absolutamente nada. Y alimenta las versiones en señalan que quien toma las decisiones en este Gobierno es realmente el señor Alberto Otárola.
En el momento actual, y poniendo en la balanza las prioridades, no es necesario que la presidenta de la República salga a representar al país. Creo que debería invertirse la figura y tranquilamente se puede hacer que el primer ministro, la canciller o los ministros relacionados, dependiendo de qué foro o evento político internacional se trate, participen en los compromisos internacionales.
Seguiremos alerta para denunciar los intentos por deformar la interpretación de la Constitución y a defensa del estado de derecho en el Perú. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
