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La Comisión de Justicia aprueba por insistencia la ley que restituye la detención preliminar. La iniciativa debe pasar al Pleno para su ratificación.
Dina Boluarte podría convocar a Pleno extraordinario.
Con 17 votos a favor y 5 en contra, la Comisión de Justicia aprobó por insistencia la ley que restituye la detención preliminar para casos de no flagrancia. Con esta decisión, este grupo de trabajo del Congreso, que sesionó desde las 9 a.m, no aceptó las observaciones hechas por el Gobierno de Dina Boluarte, por lo que pasará a Pleno para su ratificación.
El 14 de diciembre se aprobó esta medida que establece que el fiscal debe presentar «elementos razonables» que respalden la acusación contra una persona, en casos donde el delito imputado conlleve una pena de prisión superior a cuatro años.
Los congresistas buscaban debatir un nuevo predictamen con algunas de las propuestas planteadas por el Ejecutivo; sin embargo, tras más de una hora y media, Alejandro Muñante solicitó una cuestión previa para aprobar este dictamen por insistencia sin las recomendaciones, la cual finalmente prosperó.
Muñante descalificó la iniciativa de Dina Boluarte y el “perfeccionamiento” del dictamen de la Comisión de Justicia, ya que no se consideran una solución, sino más bien un problema mayor, al mencionar algunos delitos y dejar otros fuera de los parámetros para aplicar esta ley.
Durante la sesión, Ruth Luque también fue muy enfática en el debate. Fue uno de los otros congresistas que puso en evidencia el verdadero trasfondo de este predictamen sobre la restitución de la detención preliminar sin flagrancia: beneficiar al entorno cercano de Dina Boluarte.
«Lamentablemente, el Ejecutivo en un afán de seguir protegiendo a su entorno de manera directa al señor Fredy Hinojosa y otros vinculados a los graves casos y escándalos del Midis, ha pretendido observar esta figura abusando de esa posición que tiene para dilatar un tema que en realidad lo que en este momento está generando es que los fiscales y jueces no tengan una herramienta para que en un lapso de tiempo puedan contribuir en el esclarecimiento de hechos de varios delitos», dijo durante la sesión.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, aseguró que este dictamen por insistencia será enviado este jueves 6 de febrero a Eduardo Salhuana para su posterior votación en el Pleno.
«Mañana de todas maneras estará pasando (el dictamen) a la presidencia del Congreso para que pueda convocar a una sesión extraordinaria. Son 78 firmas. Nosotros ya estaríamos dispuestos a firmar dicho pedido», dijo para La República.
Congresistas con investigaciones en curso votaron en contra del dictamen de insistencia
Entre los que votaron en contra de la ley que restituye la detención preliminar por insistencia en la Comisión de Justicia, se encuentran los congresistas de Perú Libre, Américo Gonza, José Balcázar y Waldemar Cerrón, el propio presidente de la Comisión, Isaac Mita y el fujimorista David Jiménez.
Cabe recalcar que Cerrón y Jiménez son parlamentarios que afrontan investigaciones. Por un lado, el legislador de Perú Libre es investigado por el presunto delito de obstrucción a la justicia , mientras que el congresista de Fuerza Popular está siendo investigado por el presunto delito de peculado.
Por otro lado, entre los parlamentarios que se mostraron a favor estuvieron Alejandro Cavero, Tania Ramírez, Rosselli Amuruz, María del Carmen Alva, Pasión Dávila, Francis Paredes Castro, María Acuña, Arturo Alegría, Alejandro Muñante, Margot Palacios, Alex Paredes, Héctor Valer, Héctor Ventura, Silvia Monteza, Jorge Morante, Milagros Jáuregui y Víctor Cutipa. Los congresistas Martha Moyano, Juan Burgos y José Arriola no votaron.
Con esta decisión, el dictamen queda listo para ser debatido en el Pleno del Congreso, cuya segunda legislatura iniciará el próximo marzo. Ante la ola de delincuencia que enfrenta el país, la mandataria, haciendo uso de sus facultades, podría convocar a un Pleno extraordinario, pero se niega.
Dina Boluarte se rehúsa a convocar a sesión de Pleno para que se debata predictamen de detención preliminar
Han pasado casi dos meses desde que el Congreso remitió la autógrafa de ley para restablecer la detención preliminar al Poder Ejecutivo; sin embargo, desde el Palacio de Gobierno han retrasado su formalización, lo que impide la detención de personas como Fredy Hinojosa, su actual portavoz. Aunque Dina Boluarte tiene la facultad de convocar a una legislatura extraordinaria, no lo ha hecho.
De acuerdo con el constitucionalista Omar Cairo, la mandataria tiene la facultad de convocar al Pleno. El letrado cita el artículo 118, inciso 6, de la Constitución Política, que permite a Boluarte “convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria” para priorizar su aprobación de manera rápida, sin esperar hasta marzo, cuando inicia la segunda legislatura.
Según el constitucionalista Diego Pomareda, la presidenta tiene la facultad de convocar una sesión extraordinaria y definir una agenda en el decreto de convocatoria. Asimismo, puede hacerlo en situaciones como cuando el Congreso se encuentra en receso y es necesario discutir la cuestión de confianza obligatoria (investidura) dentro de los 30 días siguientes a su asunción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 130.
Comisión de Justicia planteaba que detención preliminar se resuelva con audiencia judicial
La Comisión de Justicia del Congreso buscó impulsar un nuevo proyecto con base en las observaciones del Ejecutivo, que excluían ciertos delitos graves de la aplicación de la ley de detención preliminar. En este contexto, el equipo de trabajo dirigido por Isaac Mita incluyó una variedad de delitos que están penados con una privación de libertad superior a cuatro años.
Según el documento al que tuvo acceso La República, la propuesta legislativa, que no ha prosperado, establecía que, una vez que un imputado sea detenido, será presentado ante el juez que emitió la orden, y se llevará a cabo una audiencia para determinar ese mismo día si debe ser sometido a detención preliminar y por cuánto tiempo.
Además, este documento impide que el fiscal de la investigación y la Policía Nacional del Perú compartan cualquier información relacionada con las acciones realizadas durante las diligencias contra el acusado. Sin embargo, si no se respeta esta disposición legal, se considerará una infracción grave de acuerdo con la legislación que regula la carrera del funcionario público.
