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El abogado de la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó ayer su defensa en el proceso que le puede costar el cargo y volvió a calificarlo de "golpe", convencido de que no hay evidencias que justifiquen llegar a su destitución.
La defensa de Rousseff fue entregada por José Eduardo Cardozo, quien fue ministro de Justicia y Abogado General del Estado durante su Gobierno, a la comisión del Senado que está a cargo del juicio político instaurado el pasado 12 de mayo contra la mandataria.
Ese mismo día Rousseff fue notificada del inicio del proceso y suspendida temporalmente de sus funciones, que desde entonces ejerce en forma interina el hasta entonces vicepresidente Michel Temer.
Cardozo, quien está al frente de la defensa de Rousseff, insistió en los mismos argumentos que ya presentó ante la Cámara de Diputados y el Senado, que fueron rechazados en ambos casos y sostienen que las acusaciones contra la mandataria hablan de meras "faltas" administrativas que son insuficientes para despojarla de su mandato.
Los cargos contra Rousseff se apoyan en unas maniobras contables irregulares mediante las cuales se "maquillaron" los resultados del Gobierno en 2014 y 2015 y que, según la parte acusadora, suponen un "crimen de responsabilidad", figura en que la Constitución brasileña engloba los motivos para la destitución de un mandatario.
Cardozo añadió a sus alegatos unas polémicas grabaciones que, en los últimos diez días, fueron divulgadas por la prensa local y en las que dos ministros de Temer criticaban la investigación en la estatal Petrobras e incluso, en uno de los casos, aconsejaban sobre su defensa a algunos de los sospechosos.
Las grabaciones le costaron el cargo al titular de Planificación, Romero Jucá, quien llegó a afirmar que era necesario "delimitar" esas investigaciones, y al ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, quien desde ese puesto sería responsable de coordinar el combate contra la corrupción.
Según Cardozo, el contenido de esos audios comprueba que "todo el proceso" contra Rousseff tenía como "objetivo principal" obstruir el trabajo de los tribunales en relación a Petrobras y que constituye, por tanto, un "auténtico golpe de Estado".
