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El parlamento nacional tiene la inminente responsabilidad de definir la situación de la Junta Nacional de Justicia y tres reformas constitucionales importantísimas para el fortalecimiento democrático en la próxima legislatura. Por ello está los parlamentarios en la obligación de retornar de las vacaciones de verano y ponerse las pilas para producir acertadamente y al máximo.
En primer lugar, cabe informar a la lectoría que el período anual de sesiones del Congreso de la República se compone de dos legislaturas ordinarias: la primera entre el 27 de julio y el 15 de diciembre y la segunda entre el 1 de marzo y el 15 de junio.
En este segundo periodo los legisladores deberán abordar el tema que defina la suerte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Caso que se está viendo preliminarmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), y en la que la JNJ ha solicitado declarar fundada una recusación contra el congresista de Unidad y Diálogo, Esdras Medina, y separarlo del cargo de delegado en la denuncia constitucional por la continuidad de la magistrada Inés Tello.
Como se sabe, el congresista Esdras Medina es el encargado de elaborar el informe final en el caso de Inés Tello. Se trata de una denuncia constitucional formulada por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por haber permitido que la consejera Tello continúe en el cargo, pese a que supera los 75 años.
De acuerdo a la imputación de Montoya, la Constitución lo prohíbe. Pero la posición de la JNJ es que la Carta Magna establece esa edad como límite para los postulantes a ser magistrados, no para continuar en la función. Pero en el Congreso esta denuncia avanzó y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se encuentra desglosando este tema que tiene diferentes aristas como intereses políticos, judiciales y penales.
Por otro lado, los congresistas deberán abordar temas importantes y legislar en torno la bicameralidad, la restricción de participación en elecciones de ex sentenciados y la posible eliminación de los nuevos movimientos regionales.
A partir de marzo, cuando se retomen las sesiones en el pleno del Congreso y en las diferentes comisiones de trabajo, los parlamentarios deberán tomar decisiones en torno a reformas políticas que se encuentran pendientes de resolución.
Una de ellas es la ley de retorno a la bicameralidad: iniciativa que busca que el Parlamento peruano cuente con dos cámaras legislativas: de diputados y de senadores. Ello significa pasar de 130 legisladores a 190.
Esta propuesta fue debatida en noviembre del 2023, y logró una primera votación favorable en su camino a convertirse en ley. Pero, al ser una reforma constitucional, necesita de una segunda votación con mayoría calificada [es decir, mínimo 87 votos] para que pueda aprobarse de forma directa.
Es así que, si no se consiguieran los votos necesarios en el pleno, se tendría que recurrir a un referéndum para que sea la población quien decida finalmente, conforme lo manda la ley.
Sin embargo, los peruanos votaron en contra de la bicameralidad en el referéndum del 2018, lo que representa un reto para este Congreso. La propuesta actual contempla, como uno de los requisitos para ser senador, el haber sido congresista o diputado anteriormente, mientras que, en su disposición final, se permite la reelección inmediata de parlamentarios.
Otra de las reformas por definir es la propuesta que limita que personas sentenciadas por delitos graves, y que hayan cumplido con su condena, postulen en elecciones.
Se trata de evitar que personas con antecedentes judiciales como tráfico de drogas, violación sexual, homicidio o terrorismo, puedan calificar a un cargo de elección popular durante diez años después de haber salido de prisión.
Esta iniciativa fue aprobada en la comisión de Constitución del Congreso y pasó al pleno donde está pendiente su debate y posterior votación. Su aprobación evitaría que, en el siguiente periodo de gobierno, tengamos candidatos con un prontuario vinculado a delitos graves y actos de corrupción, al menos esa es la teoría.
Para aprobarse esta ley se requiere de dos votaciones consecutivas en dos legislaturas. Concretar acuerdos entre bancadas este año es importante, ya que la ley establece que las reglas de juego para las elecciones del 2026 deben quedar fijadas un año antes, es decir, en marzo de 2025.
Movimientos regionales
A nivel de la comisión de Constitución se encuentra pendiente de debate el predictamen que propone eliminar a todos los nuevos movimientos regionales que se generen a partir de la vigencia de la norma.
Los argumentos de la iniciativa sostienen que los movimientos regionales “no han contribuido con la estabilidad democrática porque no fomentan los valores democráticos ya que su finalidad radica en la participación en el proceso electoral, más no en la formación de sus integrantes. Prueba de ello es que diversas autoridades regionales han sido sentenciadas por actos de corrupción, lo que debilita el sistema democrático”, señala el texto del documento.
En muchos casos los movimientos regionales pertenecen a familias que se reparten las postulaciones a diferentes cargos y hacen de la política un modo de vida sin el paradigma de la vocación de servicio, sino del alcance de poder, lo cual va en contra del espíritu democrático. Y quienes le tienen que dar el play de honor a todas estas importantes y esperadas modificaciones son los padres de la patria. Estaremos alerta. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
