El gobierno y el Congreso no hacen nada por implementar medidas contra la corrupción

Ni el propio Kuczynski hace caso a comisión que él mismo creó y que recomendó 100 medidas para el manejo del Estado con transparencia.

De las 100 recomendaciones que la  Comisión Presidencial de Integridad entregó en diciembre de 2016 al Gobierno, 70 no se implementaron en decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo, 17 han sido adoptadas parcialmente y solo 13 se han atendido plenamente.

Esto según el primer informe del denominado Observatorio de Integridad, que se formó precisamente para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la comisión que en su momento dirigió el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega. Ese grupo lo creó el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tras el escándalo por su asesor Carlos Moreno.

Dicho observatorio, integrado por Transparencia Internacional, Proética, la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú, presentó estos resultados en una conferencia de prensa.

De estas recomendaciones, por lo menos 16 son de materia electoral y solo en un caso el Congreso de la República ha cumplido con su implementación. Está referido a la inclusión del financiamiento público directo a las organizaciones políticas en la Ley de Presupuesto General de la República.

Entre las recomendaciones adoptadas plenamente figuran el impedimento a sancionados por corrupción para trabajar en el Estado, las medidas de protección a denunciantes de actos de corrupción, la publicación de sentencias y la supervisión de las cooperativas de ahorro por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Asimismo, la implementación de programas de recompensa, que las personas condenadas por corrupción no puedan contratar con el Estado, que los contratos de las grandes obras incluyan cláusulas anticorrupción, el respaldo a la creación de la Procuraduría General del Estado y que la Ley de Presupuesto General de la República incluya financiamiento público a los partidos.

Entre aquellas que se adoptaron parcialmente figuran la publicación de la declaración de intereses por parte de altos funcionarios públicos (aún está pendiente una ley de obligatorio cumplimiento), la creación de la Autoridad Autónoma de Transparencia, la transparencia en el sector Defensa, los impedimentos para ingresar a la función pública, la destitución de condenados por corrupción, la modernización de la web del Seace, un Registro Nacional de Proveedores y el establecimiento de canales para denunciar la corrupción.

Entre las 70 recomendaciones pendientes de implementación están las leyes de rendición de cuentas, la implementación de la Ley de Servicio Civil, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la bancarización de transacciones mayores de 10 UIT, facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que pueda enviar información de inteligencia a la ONPE, la creación de una Procuraduría contra el Crimen Organizado, la prohibición de postular de candidatos condenados por delitos graves, sanciones políticas para candidatos y partidos en casos graves, el levantamiento automático de la inmunidad parlamentaria y el fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, entre otros.